El fiscal Salto declara que le pidieron «con urgencia» el correo del novio de Ayuso porque García Ortiz «no podía esperar»

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzó este lunes con la declaración del fiscal Julián Salto, encargado del caso de Alberto González Amador, que declaró que el 7 de marzo de 2024 recibió una llamada de la secretaria de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la que le preguntaba por las diligencias preprocesales del caso que afectaba al novio de Ayuso, propietario de la empresa Maxwell Cremona. Salto declaró que ignoraba hasta ese momento que se tratara de la pareja de Ayuso y aseguró que el asunto no tenía «ninguna trascendencia» porque «no era un fraude fiscal agravado», sino un «fraude fiscal sin más». 

Dos llamadas en 20 minutos

A las 21.26 horas del 13 de marzo, mientras estaba viendo un partido de fútbol, le llamó la fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra, que le indicó que el asunto podía esperar. Y 20 minutos después, le llamó la fiscal jefe Pilar Rodríguez, que le ordenó que enviara inmediatamente, antes de que acabara el evento deportivo, la cadena de correos que había cruzado con el abogado de González Amador, Carlos Neira, porque el fiscal general del Estado «no podía esperar». Él remitió a ambas los correos desde su móvil en torno a las 22.00. A su juicio, fue una orden «legal», ya que se trataba de un asunto de relevancia mediática.

Salto admitió que pudo revelar a sus superiores la oferta de pacto de Neira, en la que admitía dos delitos contra la Hacienda Pública, el día 12 de marzo de 2024, un día antes de la presunta revelación del correo que se juzga en el caso. Respecto a si recibió instrucciones para no llegar al acuerdo de conformidad que ofrecía la defensa de González Amador, lo negó y añadió que en sus 20 años de carrera nunca se ha puesto en contacto con la defensa de ningún investigado para ofrecer una conformidad.

Salto se quejó de que sus comunicaciones con el abogado Neira estuvieran en poder de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, porque eran correos «únicamente privados». A juicio de Salto, lo que se difundió en el diario El Mundo 13 de marzo diciendo que era la Fiscalía la que ofrecía un pacto «es mentira y falso».

El juicio comenzó con la petición de la Abogacía del Estado de que el Supremo acuerde la nulidad por considerar que el juez instructor, Ángel Hurtado, «ha vulnerado derechos fundamentales del investigado» con el registro de su despacho y la incautación de sus dispositivos electrónicos.

 

Abogacía del Estado y Fiscalía

La Abogada del Estado, Consuelo Castro, denunció una investigación «inquisitorial y prospectiva» y dijo que García Ortiz ha sido sometido a un «juicio injusto» en la fase de investigación. «Debe excluirse de la causa todo el material indebidamente incautado y el análisis digital posterior, incluidos los informes de la UCO», indicó, tachando de «prejuiciosa y sesgada» la instrucción del caso, que partió de la base de que García Ortiz era culpable.

También la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número dos de García Ortiz, rechazó por «inconstitucional» el «allanamiento» del despacho del fiscal general y cuestionó la Sala de este juicio porque cinco de los magistrados que la componen fueron miembros de la Sala que acordó en su día abrir causa contra García Ortiz.

El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez-Ramos, pidió que se rechacen todas las peticiones de nulidad y recordó que García Ortiz no recurrió en su día lo que alegan la Abogacía y la Fiscalía y que sus otros recursos fueron rechazados. Las acusaciones particulares (Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, negaron la indefensión del fiscal general y rechazaron que se estimen las cuestiones previas que planteó la defensa.

Abierto enfrentamiento entre las fiscalas

Álvaro García Ortiz llegó al Tribunal Supremo en su vehículo oficial, vestido con traje de chaqueta y accedió por la puerta de autoridades del Alto Tribunal. Ya dentro de la sala, se enfundó su toga y, en lugar de en el banquillo de los acusados, se sentó en el estrado junto a los abogados del Estado que le representan y a otros dos fiscales que acusan de parcialidad al juez instructor del caso. «¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?», le preguntó el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, tras ser leídos estos. «No», respondió García Ortiz, que se dedicó a tomar notas durante el transcurso de la vista.

La fiscala jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, citada como testigo tras haber suido investigada, aseguró que la fiscala superior de la Comunidad Madrid, Almudena Lastra, le dijo que la filtración del correo del abogado de González Amador se había hecho desde la Fiscalía. «Estos lo han filtrado», afirmó que le dijo. Pero Rodríguez mostró sus diferencias con Lastra y sostuvo que a ese correo que fue filtrado pudieron acceder antes medio millar de funcionarias y fiscales, entre ellos 16 integrantes de la Fiscalía de delitos económicos.

«¿Has filtrado los correos?»

Luego, Almudena Lastra declaró ante el tribunal que el 14 de marzo le preguntó a García Ortiz: «¿Has filtrado los correos?». «Eso ahora no importa, hay que sacar ya la nota», aseguró que le dijo el fiscal general, en relación a la necesidad de desmentir el «bulo» de Miguel Ángel Rodríguez.

El último en testificar fue el fiscal Diego Villafañe, jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que afirmó que «la animadversión de Lastra hacia el Fiscal General del Estado es evidente y así lo difunde en cualquier foro público».

Feijoo dice que el caso haría caer a cualquier presidente decente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseguró que este lunes empezó el «juicio a la corrupción institucional» con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «sentado en el banquillo por urdir una operación política». A su juicio, este caso haría caer «a cualquier presidente decente». «La corrupción afecta a todo el PSOE. La corrupción afecta a todo el Gobierno. La corrupción ahoga a Sánchez», señaló Feijoo en su intervención ante el comité ejecutivo nacional del PP en Madrid.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó que es «absolutamente inédito e inadmisible» ver al fiscal general en el banquillo, una situación que «non pasa en ningún outro lugar de Europa». Rueda exigió que se respete el trabajo de los jueces, a los que «algúns xa se están encargando de cuestionar de xeito preventivo», informa Xosé Gago.

Pontón lo considera un exceso

Por el contrario, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó lo que consideró «un exceso por parte del poder judicial». Pontón aseguró que «en algunos casos se utiliza la justicia para actuar desde el punto de vista político». Y en la acusación contra García Ortiz, a su juicio, «se actúa al dictado de lo que manda alguna organización política de la derecha».

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, indicó que identifica este juicio con la «normalidad democrática y judicial», por lo que defendió la «total transparencia». «Respeto absoluto a esa instancia», señaló.

Desde el Gobierno, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó que no hay «ninguna prueba, nada» contra García Ortiz, a lo que añadió que «no se puede perseguir al que persigue la corrupción». El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, confió en que el fiscal general demuestre su inocencia, e insistió en que hay jueces que actúan «con motivaciones políticas».

 

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