Ábalos y Koldo van a prisión por riesgo de fuga

Javier Romero Doniz
JAvier Romero VIGO / LA VOZ

ESPAÑA

José Luis Ábalos y Koldo García, a su llegada este jueves al Supremo
José Luis Ábalos y Koldo García, a su llegada este jueves al Supremo EUROPA PRESS

El magistrado argumenta que ambos tienen contactos en el extranjero y acceso a gran cantidad de dinero de las mordidas que nunca apareció

27 nov 2025 . Actualizado a las 23:21 h.

José Luis Ábalos ha pasado en dos días de sentarse en su asiento del Congreso de los Diputados a dormir en un jergón de la cárcel de Soto del Real. La persona más importante en la vida política de Pedro Sánchez ingresó ayer en el penal madrileño por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sin opción de abonar fianza para eludir la medida preventiva. Junto a él, en el mismo centro penitenciario y por los mismos motivos, el que fue su guardaespaldas, chófer, compañero de juergas, confidente, conseguidor y asesor, Koldo García. Ambos están acusados de cobrar mordidas y favores estando el primero al frente del Ministerio de Transportes a cambio de facilitar contratos millonarios para la venta de mascarillas durante los meses más duros, por el número de ciudadanos fallecidos, de la pandemia.

Puente apreció riesgo «extremo» de fuga y atendió las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que coordina el PP en un auto en el que justificó el agravamiento de sus medidas cautelares tras hacerse públicos los escritos de acusación contra ambos. El ministerio público solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 y medio para Koldo; y las acusaciones populares lo elevan a tres décadas entre rejas. El instructor señaló en sendos autos de ingreso en prisión preventiva que no solo existen «numerosos indicios racionales de criminalidad», sino que el posible riesgo de que ambos pudieran sustraerse a la acción de la Justicia resulta «extremo» y «máximo» en este momento; por lo que no puede conjurarse con el mantenimiento de las cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos (comparecencias periódicas en el Juzgado y retirada del pasaporte).

El riesgo de fuga se dispara ante el «previsiblemente muy próximo enjuiciamiento» y por «la naturaleza no recurrible de la sentencia que en su momento recaiga» contra ambos. «Procede, en consecuencia, acordar la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Ábalos como único instrumento posible ya, a juicio de este instructor, para asegurar racionalmente la pronta celebración del acto del juicio oral [previsto para el primer trimestre del 2026], conjurando el evidente riesgo de que, en las circunstancias concurrentes en este momento, pudiera el acusado sustraerse a la acción de la Justicia».

El exministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE negó tener la intención de desaparecer. Alegó arraigo domiciliario y familiar, y compromiso de servicio público con su escaño en la Cámara Baja. Se mostró afligido, bajo de ánimo y su tono pálido evidenciaba lo delicado del momento. Añadió que no tiene el dinero necesario para costear algo tan caro como permanecer oculto de la Justicia. «No voy a huir; no tengo dinero; no tengo dónde ir», verbalizó con tono lacrimoso ante las partes. Pero los argumentos de Ábalos no calaron en Puente ni el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, por considerarlos inciertos.

El juez recordó en el auto que siguen sin localizarse «cantidades importantes de dinero opaco». Añadió que sí tiene dinero oculto fruto de las mordidas (por mucho que el diputado afirmara en una reciente entrevista que solo tiene 6.000 euros en la cuenta) y considera que sí que podría tener cobijo en el extranjero debido a sus vínculos con Sudamérica (el sumario ya ha acreditado una propiedad y una fundación en Colombia, y viajes a República Dominicana). En su momento, Puente ya cifró en unos 5 millones de euros el dinero que se podrían haber embolsado en mordidas Ábalos, su exasesor Koldo García y Santos Cerdán por el 1 % del valor de las obras supuestamente amañadas.

«No puede desconocerse que constan en la causa indicios bastantes de que Ábalos ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico, al punto que durante varios años no precisó realizar egreso (retirada de efectivo) alguno de sus cuentas bancarias», recoge el auto de encarcelamiento. Ese trajín de dinero en metálico —añadió Puente— «permite inferir razonablemente que pudiera disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga». En ese línea —y recordando lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló en su «informe patrimonial» sobre el diputado ya preso— insiste en que este movía tiene «cantidades importantes de dinero opaco, tal vez en metálico, tal vez depositados en cuentas de terceros, que hasta el momento no han sido halladas».

Partiendo de la hipótesis de condena, explica el juez, si se impusieran las penas previstas «en su mínima extensión legal», Ábalos y Koldo serían condenados a más de diez años; recuerda además que también están investigados, junto al exdirigente socialista Santos Cerdán, por presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública: «No hay razón alguna para considerar que esos mismos fondos no podrían volver a serle proporcionados [a Ábalos] con el propósito de facilitar o contribuir a la fuga». A mayores, de los contactos internacionales que, en el ámbito del desarrollo de su función pública, ha podido trabar tanto con autoridades como con particulares y empresas de dichos países.

Alegato fallido

El auto alude directamente a un hijo de Ábalos que está imputado igualmente. Recuerda que el ministro ha venido «recibiendo periódicamente ingresos procedentes» de su hijo mayor, «obtenidos al parecer en el extranjero». En la propia vistilla de ayer, el instructor rechazó el alegato de Ábalos cuando dijo que se trataba de la devolución de un préstamo a su vástago: «Con independencia de que se tratara o no de un préstamo [...], no hay razón alguna para considerar que esos mismos fondos, en uno u otro concepto, no podrían volver a serle proporcionados a Ábalos con el propósito de facilitar o contribuir a la fuga».

También Koldo (argumenta Puente para justificar el riesgo de fuga) «ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico» y, recuerda el juez, durante años «vino asumiendo, de manera incomprensible y que él mismo no ha explicado, gastos personales» de Ábalos, «lo que permite inferir razonablemente» que pueda tener dinero «para emprender y sostener la fuga». Koldo, intuyendo el final de la vistilla, llegó al Tribunal Supremo con una bolsa llena de ropa para acomodarse en Soto Real; Ábalos, menos previsor o más optimista, con una mochila. Pero ambos, desde ayer por la noche, cenan, desayunan y almuerzan en un comedor de Soto del Real sabiendo que no saldrán hasta la celebración del juicio.

Junto a ellos se sentará Víctor de Aldama. La Fiscalía le pide siete años de cárcel tras atenuar la pena propuesta por su «confesión». Su testimonió sirvió, a mayores, para destapar la presunta trama de adjudicación irregular de obra pública con Santos Cerdán al frente. Pero ese, cuando llegue, implicará otro juicio que acarreará nuevas y abultadas peticiones de años en prisión.

El Congreso dejará al diputado del Grupo Mixto sin escaño, sueldo ni voto

El Congreso se ha dirigido al Tribunal Supremo para que confirme la decisión de enviar a prisión al exministro José Luis Ábalos y así poner en marcha el procedimiento para suspenderle de los derechos que tiene como diputado del Grupo Mixto, incluyendo el sueldo y el voto.

De entrada, la Presidencia del Congreso remitió un oficio al Supremo para que certifique la decisión de ingreso en prisión provisional de Ábalos «y el auto de procesamiento o equivalente», con el fin de iniciar el trámite para el acuerdo de Mesa de suspensión. El Congreso activa así el plan que ya tenía previsto ante la posibilidad de que el juez enviara a prisión a Ábalos, al que se aplicará de forma automática el segundo apartado del artículo 21 del Reglamento, donde se señala que «los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, se hallaren en situación de prisión preventiva».