Detenida la exfontanera del PSOE Leire Díez por contratos de obras públicas amañados
ESPAÑA
La Guardia Civil arresta en el marco de la misma investigación al expresidente de la SEPI Vicente Fernández
12 dic 2025 . Actualizado a las 10:38 h.Cinco meses después de que compareciera ante la prensa asegurando que ella no era «ni fontanera» del PSOE ni «cobarde», la exmilitante socialista Leire Díez fue detenida este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del titular del juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que la investiga en una causa bajo secreto de sumario relacionada con con presuntos amaños en contratos de obras públicas en los que habría participado la empresa Servinabar.
Junto a ella fue arrestado Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, nombrado en 2018 a instancias de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a la que estaba muy vinculado en la etapa de la hoy ministra en la Junta de Andalucía.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a ambos detenidos en este caso de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. La Guardia Civil realizó varios registros y tiene previsto llevar a cabo más detenciones en el marco de esta investigación. Tras dimitir en el año 2019 como presidente de la SEPI, Fernández trabajó entre el 2021 y el 2023 en la empresa Servinabar, de la que de la que el exsecreatario de organización socialista Santos Cerdán era copropietario junto a Antxon Alonso, y que está siendo investigada en el caso Koldo por las presuntas mordidas en contratos públicos. El papel de Fernández habría sido el de supuesto testaferro de Cerdán al que habría hecho llegar dinero procedente de las comisiones ilegales cobradas por obras amañadas.
Díez trabajó en la SEPI
Díez fue teniente de alcalde socialista en el municipio cántabro de Vega de Pas y jefa de comunicación de Enusa, empresa que depende de la SEPI, entre 2018 y 2021. Tras su salida de Enusa, trabajó durante un tiempo en la SEPI para recalar luego en la dirección de Relaciones Institucionales en Correos hasta el 2023. Está imputada también, al margen de la investigación que llevó este miércoles a su detención, por el juez Arturo Zamarriego, titular del juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Esa investigación se centra en las maniobras que Díez desarrolló junto al empresario Javier Pérez Dolset para tratar de obtener informaciones que perjudicaran a agentes de la UCO que investigan casos de corrupción relacionados con el PSOE y con el entorno personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Fiscalía Anticorrupción.
Díez y Dolset se reunieron en la sede nacional del PSOE, en la calle madrileña de Ferraz, con dirigentes del PSOE y con Antonio Hernando, entonces número dos del jefe de Gabinete de Sánchez, Óscar López, y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones. La reunión tuvo lugar durante los cinco días de reflexión de Sánchez tras conocerse la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez.
El juez Zamarriego rechazó el pasado martes la petición de Leire Díez de anular las grabaciones que habían provocado su imputación después de asegurar que no se reconocía en esas grabaciones. Según el magistrado, no cabe «por el momento la declaración de nulidad pretendida».
El PSOE se desvincula
El PSOE reaccionó a la detención de Díez marcando distancias. La portavoz de la ejecutiva socialista, Montse Mínguez, recordó que ya «no es militante» del partido y expresó el respeto «absoluto» de su partido por el trabajo de la Guardia Civil y de los jueces. «Es el tiempo de la Justicia», afirmó.
El PP se refirió a la detención asegurando que «las cárceles de España van a empezar a quedarse pequeñas». «No hay hueco para tanto delincuente de la mafia sanchista», afirmó el secretario general de los populares, Miguel Tellado, en un mensaje en la red X. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, indicó también que «con este ritmo de escándalos, en 2027 del PSOE no van a quedar ni las raspas».
Desde Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, el diputado de IU Enrique Santiago acotó a un ámbito «particular» la detención de Díez e insistió en que para su partido el límite para su apoyo a los socialistas es que se «cruce la línea» de una hipotética financiación irregular de un partido.