Los sindicatos denuncian fallos informáticos, y reclaman más medios personales y materiales
21 abr 2026 . Actualizado a las 10:35 h.Hoy somos país de recepción de quienes son lo que fuimos. Más de un millón de gallegos emigraron a América entre 1860 y 1930. En Argentina, Uruguay, Colombia y las Antillas aún se llama gallego a cualquier persona nacida en España o de ascendencia española, según la quinta acepción del Diccionario de la RAE. La parte por el todo; y aquella parte eran nuestros bisabuelos. Este viaje de vuelta, de oportunidades, de dignidad, de futuro, empezó ayer para 500.000 extranjeros —unos 10.000 en Galicia— que pueden acogerse a la última regularización extraordinaria de migrantes aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros. Largas colas, dudas, desinformación, y carpetas llenas de documentación y esperanza protagonizaron la primera jornada en la que podía presentarse la solicitud de forma presencial, tras pedir cita previa en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una página que ya recibió 42.790 peticiones telemáticas desde el pasado jueves, cuando se inició el plazo para esta modalidad, y hasta la medianoche del domingo.
Demoras de hasta una hora
Las citas se atendieron en 370 oficinas de Correos, 60 de la Seguridad Social y 5 de Extranjería, donde se produjeron fallos informáticos, «entre la caída total y el funcionamiento lento», y demoras de hasta una hora, según denunció CSIF, sindicato mayoritario en las Administraciones públicas. También reclamaron más medios personales y materiales CC.OO. y UGT, y este último sindicato le pidió, además, a la Fiscalía que investigue varias webs por traficar con citas para la regularización. Sin embargo, la ministra del ramo, Elma Saiz, señaló en RTVE que el proceso discurría con normalidad y que era «absolutamente dimensionado, perfectamente asumible», aunque reprochó los obstáculos puestos por algunos ayuntamientos y se mostró preocupada por el «boicot» ejercido por municipios gobernados por el PP.
Desde Génova, el secretario general del PP, Miguel Tellado, advirtió del «caos» que, en su opinión, ha desatado esta regularización, con «colas kilométricas y oficinas colapsadas», y anunció que su partido presentará mociones en los consistorios para que se paralice este «disparate» porque los servicios públicos «no son infinitos». Le respondió la titular de Educación, Diana Morant: «Hay fuerzas políticas a las que les gustaría que todavía las personas migrantes trabajaran en B y tuvieran condiciones de infraderechos». La valenciana se mostró convencida de que la regularización «ayudará a mejorar nuestros servicios públicos trabajando, no a empeorarlos».
También el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, solicitó la «máxima colaboración institucional», y el de Agricultura, Luis Planas, destacó el apoyo de las organizaciones agrarias, las patronales y la Iglesia al proceso, e indicó que este beneficiará a unos 500.000 temporeros en España.
Desde Vox tacharon de «disparate» el real decreto ley, y avisaron de que lo recurrirán ante el Tribunal Supremo, y Junts criticó el «colapso» provocado por la regularización y la marginación del catalán en el proceso. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, recordó que regularizar es «dar dignidad a quien aporta riqueza, a quien ha decidido quedarse para integrarse», y el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, se marcó como objetivos agilizar la nacionalización de migrantes y cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros.
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Mientras el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y la Federación de Municipios de Madrid lamentaron la política migratoria de Pedro Sánchez, el Gobierno vasco apuntó que es «momento de cooperar y de que esto salga bien». El plazo de solicitudes estará abierto hasta el próximo 30 de junio.
Normalidad absoluta y escasa afluencia en la primera jornada de solicitud presencial en Galicia
Se estima que diez mil extranjeros residentes en Galicia, en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional —según cálculos de oenegés y asociaciones del tercer sector—, harán los trámites para conseguir una autorización de residencia y trabajo legal de un año. Los beneficiarios son aquellas personas que están en España desde antes del pasado 1 de enero y los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven cinco meses seguidos en el país cuando hagan el trámite y no tengan antecedentes penales. La solicitud presencial arrancó ayer con «total normalidad» y poca afluencia en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social en la comunidad, según los usuarios consultados. «La atención es supereficaz y rápida», valoró un joven peruano que tramitó la suya en la ciudad de A Coruña.
Besteiro: «É de xustiza»
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, opinó que el proceso «é de xustiza e bo para Galicia», y lamentó que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «abrace o discurso da ultradereita» en inmigración.
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