La ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que estima el recurso presentado por un grupo de vecinos de Castro contra el plan de sectorización de la cementera que funciona en el polígono de Río do Pozo, obliga a paralizar la actividad de la molienda. Teresa Carballeira, asesora jurídica de los recurrentes en este procedimiento, afirma que el fallo judicial es «contundente» y «anula el plan de sectorización».
La base argumental sobre la que se apoya la sentencia es la existencia de una contradicción entre el documento urbanístico creado para desarrollar la parcela sobre la que se instaló la molienda y el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), alterando el principio de jerarquía normativa. Así, detalla Teresa Carballeira, mientras en el planeamiento urbanístico este solar está calificado como suelo rústico apto para urbanizar -los únicos usos permitidos son agrario, forestal, residencial y comercial solo en algunos casos-, en el plan de sectorización figura como suelo industrial.
La sentencia concluye: «Ha de convenirse que no les falta razón (a los recurrentes) y que en el caso enjuiciado se ha vulnerado la previsión de inalterabilidad de usos al suprimirse con el plan de sectorización todo uso residencial y sustituirse por un uso industrial exclusivo, incompatible con el de vivienda». Sobre la forma de proceder del Concello, el TSXG argumenta: «Parece entender la administración demandada que con la aprobación del plan de sectorización se puede modificar el plan general, lo que supone desconocer que se trata de un instrumento de planeamiento de desarrollo y, en definitiva, el principio de jerarquía normativa».
Molienda en alquiler
Aunque Cementos Gallegos es la empresa propietaria de la molienda de Río do Pozo, desde el pasado 1 de enero las instalaciones están alquiladas al grupo Cemex. José Luis Antón, director comercial de Cementos Gallegos, señaló, en relación a la sentencia, que «la empresa no tiene responsabilidades, nosotros tuvimos todos los permisos y autorizaciones». A la pregunta de si el grupo pedirá una acción de responsabilidad contra el Ayuntamiento, manifestó: «Seguramente, sí».