El futuro Plan de Ordenación do Litoral (POL) que impulsa la Xunta de Feijoo afecta, en el caso del municipio ferrolano, a más del 80% del territorio. El gobierno local alerta de que la nueva norma incluye en su ámbito de competencia bolsas de suelo en el casco urbano aún por desarrollar «y que en algunos casos se encuentran a cuatro kilómetros de la costa», matizó el edil de Urbanismo, Ángel Mato.
La falta de concreción y lo confuso de la documentación, como ya han denunciado otros concellos gallegos, impide al ejecutivo ferrolano conocer en qué medida «la Xunta tendrá competencias sobre zonas de crecimiento del municipio», pero sí confirma que las tendrá. El plan afecta, enumera Mato, a «O Bertón, Santa Mariña, Ponte das Cabras, carretera de Catabois, el cementerio o parte del polígono de A Gándara». Y añade a renglón seguido que «este plan nos obliga a una tramitación ante un órgano ambiental en un suelo que ya está bien diferenciado en nuestro planeamiento».
En un encuentro que mantuvieron hace un mes Mato y el alcalde, Vicente Irisarri, con el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, los representantes del gobierno municipal intentaron concretar la afección del POL sobre el municipio. «Nos dijeron que nuestro plan de urbanismo era muy conservador con el medio ambiente», apunta Mato, y apostilla que «el grado de protección en algunos puntos es superior en el PXOM que en el POL».
Pone el edil ferrolano como ejemplo de las «contradicciones» de la futura norma que «mientras el ámbito general de protección llega hasta pleno casco urbano, en lo se refiere a la protección costera, la línea de delimitación bordea la laguna de Doniños, cuando ahí precisamente estaría justificado un ámbito mayor».
El documento que la Xunta ha hecho llegar al Concello establece diferentes tipos de protección, como se puede ver en el gráfico superior: intermareal, costera, bosque, mejora ambiental y paisajística y ordenación. «Hasta las zonas verdes del cementerio municipal de Catabois están afectadas», apunta el concejal socialista.
Inseguridad jurídica
En opinión de Ángel Mato, el plan del litoral «invade competencias municipales» y genera «una inseguridad jurídica», además de «dificultar mucho más la ardua gestión de desarrollar el planeamiento».
Tal y como plantea el Ejecutivo de Núñez Feijoo el plan, «tiene una gran influencia sobre suelos urbanos consolidados que no estaban afectados por el decreto de medidas urgentes» que aprobó el bipartito en el 2007. «Las competencias en ordenación son municipales», dice.