Los alumnos tendrán que dedicar parte de sus pensiones a pagar los servicios de la empresa que gestiona el centro
22 dic 2010 . Actualizado a las 11:38 h.El hijo de Lucrecia Leira, Alejandro, es un hombretón de 31 años que padece una enfermedad de nombre bien raro, el síndrome de Lennox-Gastaut, que le provoca convulsiones asociadas a la epilepsia, retraso mental y episodios obsesivo compulsivos. «En casa no puede estar, le viene bien estar distraído», cuenta su madre. Por eso, desde hace quince años, Alejandro es alumno externo del colegio Souto de Leixa, hasta ahora gestionado por la Xunta y desde ya por una empresa privada. Ese cambio, aparte de provocar sorpresa y protestas airadas por parte de los trabajadores -van a ser despedidos 54 interinos- y sindicatos, genera incertidumbre entre los padres. Fundamentalmente porque no tienen información oficial de cómo van a cambiar las condiciones educativas de sus hijos. Pero sí saben, aunque no directamente por la Xunta ni por la empresa que gestionará la residencia de adultos del antiguo colegio Carmen Polo, que a partir de enero van a tener que pagar para que sus retoños continúen en el centro.
Hasta ahora, ninguno de los 96 alumnos externos y 66 internos que acuden al Souto de Leixa pagaban un euro. Lucrecia calcula, así a ojo, que tendrá que abonar algo más de 200 euros al mes para que Alejandro siga escolarizado. Su hijo cobra una pensión (tiene una discapacidad reconocida del 77,5%), con la que podrá pagar el colegio, y, además, es beneficiario de una ayuda de la ley de dependencia que permite que una trabajadora acuda a su casa de lunes a viernes una hora por la mañana y otra por la tarde para completar la atención que precisa para vestirse, asearse y comer. Y Lucrecia sostiene que parte de esa subvención de la ley de dependencia habrá que abonársela la empresa que gestiona el Souto de Leixa, de modo que la asistencia en el hogar quedará reducida a media hora por la mañana y otro tanto por la tarde. Y «sospecho que también nos quieren cobrar el transporte» hasta el centro, dice la madre de Alejandro.
El nuevo contrato, con lupa
Lucrecia, como otros padres de alumnos, va a analizar el nuevo contrato con el colegio, cuando el documento llegue a sus manos. De momento, no se sabe muy bien qué hará ni cómo quedará su situación económica a partir de enero. Aunque sí tiene claro que su hijo, aunque no se curará en el Souto de Leixa, «necesita ir al centro, estar en compañía de otros niños». Lo mismo piensan otros padres, pero muchos de ellos «no van a poder asumir el gasto», alerta Lucrecia. Ninguno de esos afectados ha querido contar su caso públicamente.
La afectada por la privatización de la gestión del Souto de Leixa advirtió ayer que la empresa concesionaria de la residencia está enviando cartas a los padres de alumnos que no habían solicitado ayudas de la ley de dependencia. Al parecer, este trámite será obligatorio para que sus hijos continúen en el centro, ya que la adjudicataria se quedará con un porcentaje tanto de esta subvención como de la pensión de incapacidad que perciben los alumnos.