El consenso y el pacto son esenciales en la democracia. Pero no pueden excluir el ejercicio de la mayoría legítimamente conseguida en las urnas o en acuerdos parlamentarios. Si la exigencia de consenso se generalizase se perdería uno de los pilares esenciales de la democracia: el derecho a discrepar si las propuestas atentan contra lo que constituye la esencia del ideario del partido al que se representa o a la conciencia propia. En mi opinión no son muchos los asuntos que se enmarcan en esta categoría. Pero algunos hay. Y la generalización del recurso a lo políticamente correcto puede conducir al pensamiento único, dialécticamente disfrazado de interés general.
En la España plural de hoy quien cumple la ley, grupo o persona, no puede ser excluido de la vida política. Aunque el profeta Iglesias, con una propuesta indefendible: expulsar al PP de las instituciones, lo pretenda. Defender ese pluralismo y el consenso, cuando sea necesario, no puede llevar a la claudicación. Y, en ocasiones, a algunos la «corrección» los confunde.
Millones de españoles reivindican que la política no sea solo un legítimo ejercicio de estrategias para alcanzar el poder, sino también la defensa del derecho de la mayoría a evitar que grupos radicales dicten las normas, como en la manifestación de Barcelona, en la que -solo un ejemplo- había pancartas y gritos contra todo menos contra lo único para lo que se convocó: la condena del terrorismo y la solidaridad con las víctimas. No se puede defender la libertad de expresión del otro si el precio es la nuestra. Aunque para eso haya que ser políticamente incorrecto…