Sindicatos y el PP cuestionan el nombramiento de Susana Sarriá al frente de la firma
21 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Tras la llegada del economista José Manuel Revuelta a la presidencia de Navantia, en mayo del 2012, los conflictos con los trabajadores, con los grupos políticos de la oposición y hasta con los dirigentes del partido que lo nombró (el PP) por su forma de gestionar los astilleros públicos se hicieron una constante. Fue en su presidencia cuando la empresa, presionada por una situación económica cada vez más complicada, anunció que aplicaría un plan industrial cuyas negociaciones, no obstante, no puso en marcha en su mandato. De ahí que en los últimos años los partidos no hayan dejado de llevar insistentemente al Congreso y al Senado iniciativas para que se aplicase el programa estratégico para despejar el futuro de los astilleros públicos.
En ese marco, tanto en el Congreso como en el Senado se debatieron iniciativas en las que se abordó este proyecto y también se insistió en la necesidad de que la cúpula de Navantia estuviese ocupada por profesionales del sector, para acabar con la tendencia de que siempre que hubiese cambio de Gobierno, se hiciesen nombramientos políticos de personas frecuentemente ajenas al sector. Algo que acaba de volver a suceder, ya que el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, nombró el pasado jueves nueva presidenta de Navantia a Susana Sarriá, ingeniera de montes madrileña que procede de la Junta de Andalucía, misma administración de la que salió el máximo responsable de la corporación pública.
Sin embargo, la decisión adoptada por la presidencia contradice abiertamente las posiciones defendidas en los últimos años por representantes gallegos de su propio partido.
Así, en noviembre del 2016, se produjo un debate plenario sobre una proposición no de ley presentada por En Marea para defender la aplicación del plan industrial para Navantia. En el argumentario de la propuesta -que resultó aprobada por todos los grupos- se reclamaban garantías «para que el comité de dirección, integrado por la presidencia y la dirección de los diferentes departamentos, sea constituido por personas con conocimiento en la materia y capacitado para conseguir una estructura organizativa acorde a los objetivos expuestos». En el debate plenario, el diputado socialista coruñés Ricardo García Mira, además de reclamar el plan industria, dejó clara su postura al respecto: «Más que cualquier otra, una empresa pública ha de velar por garantizar los méritos y capacidades a la hora de nombrar a su alta dirección, debiendo dar ejemplo tanto en lo organizativo como en lo financiero y en las relaciones laborales».
En febrero del 2017, tres meses después de que el Ejecutivo popular nombrase a Pilar Platero como presidenta de la SEPI, en una intervención en la Cámara Alta, también sobre la necesidad de que el Gobierno pusiese en marcha el plan industrial para los astilleros, el senador socialista ferrolano Ángel Mato afirmó: «La dirección de Navantia tiene que estar íntimamente ligada al sector, porque eso es parte del problema, y también sería importante que estuviese profesionalizada». Aludía entonces a los problemas que había suscitado hasta entonces la rotación al frente de la compañía por personas desconocedoras del funcionamiento de la industria naval y de la defensa.
El único de la compañía
Pocas semanas después de aquella intervención, Platero nombró a Esteban García Vilasánchez presidente de Navantia, el único hasta el momento que ha procedido de la propia compañía.
Su relevo por una profesional ajena al sector naval ha suscitado críticas a nivel sindical y político en Ferrolterra. «Parece que las cosas no cambian a pesar de los nuevos aires, que se suponen, en la política española. Una vez más se nombra a una persona de carácter político para la presidencia de Navantia, lo que nos trae a la memoria el reciente fiasco que supuso el nombramiento del señor Revuelta, que tanto daño ocasionó a la compañía y a la s relaciones laborales», afirma el sindicato MAS, que también sostiene que el nombramiento de Sarriá «echa por tierra lo que se había conseguido con el nombramiento de García Vilasánchez, y lo que debía ser el punto de partida para que la máxima responsabilidad la ostentase un profesional en la materia, se ha ido al garete». La CIG sostiene que el desembarco de Sarriá «obedece a un reparto dentro do propio PSOE máis concretamente para satisfacer á presidenta de Andalucía» y teme que se «beneficie de forma discriminatoria aos centros alí instalados». La central exige explicaciones inmediatas de las causas del relevo.
El diputado popular ferrolano Juan Juncal aseguró que el hecho de que la presidenta no proceda del naval «abre dudas importantes de cara al futuro» y evidenció que en otras empresas de SEPI se hayan promocionado a sus profesionales.
La SEPI se reúne el próximo lunes con CC.OO. y UGT
Las Federaciones de Industria habían solicitado un encuentro con el nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández, para abordar los planes que maneja para el naval público y finalmente la reunión se celebrará el próximo lunes. Las centrales quieren conocer qué es lo que va a suceder con el plan industrial que se estaba negociando para Navantia, que se fundamenta en las nuevas contrataciones, en un programa de rejuvenecimiento de las plantillas y en la firma de un nuevo convenio colectivo, único para todos los centros de la empresa.