La batalla judicial por mejorar las condiciones de la hipoteca suscrita por el Colegio de Abogados de Ferrol la inició la anterior junta de gobierno. No obstante, el actual decano, Luis Torres Foira, señala que estudian seguir recurriendo ante los órganos europeos competentes. Uno de los argumentos que pretenden hacer valer es que el órgano colegial no realiza una actividad comercial y por eso solicitaron que se les aplicasen las condiciones como a otro consumidor, precisamente algo que han conseguido otras entidades profesionales.
Sin embargo, la sentencia considera que la «situación de los colegios profesionales es por tanto muy diferente de la de aquellas asociaciones que contratan para cumplir sus finalidades no profesionales y a las que esta sala ha reconocido la condición de consumidoras». Es más, apunta que en la «web del colegio figuraba colgado un balance de situación económica para el año 2015, contabilidad que se lleva como en cualquier empresa con ánimo de lucro» y si se considera al Colegio de Abogados como consumidor también la demandada lo es, pues es una entidad financiera de naturaleza privada y de carácter benéfico social».