Antes del cierre de Megaupload, miles de personas en EE.UU. sufrieron la persecución de la industria audiovisual. Tanya Ardensen, madre soltera y con una hija en el estado de Oregón, recibió un día una carta que le reclamaba cientos de miles de dólares por un supuesto delito contra la propiedad intelectual.
Acusada de haberse bajado ilegalmente un par de canciones de rap, su caso se convirtió en uno de los más polémicos en EE.UU. después de que un jurado determinara que no solo no podía pagar lo que le exigía la compañía discográfica, sino que ni siquiera estaba claro que hubiese sido la responsable del delito.
«Su historia esperpéntica, pero no es una excepción, porque durante esa época a la industria le daba igual que fueras inocente, culpable o incluso que hubieras muerto», en palabras de Ray Beckerman, uno de sus abogados.
En EE.UU. la ley obliga a pagar entre 700 y 30.000 dólares por cada tema descargado ilegalmente, una cifra que las discográficas suelen reducir a 3.000 dólares si se llega a un acuerdo extrajudicial. Se calcula que hasta el 2008 al menos 30.000 personas fueron denunciadas por la RIAA (Recording Industry American Association), víctimas de una guerra que terminaba el mes pasado con el cierre de Megaupload, pero que comenzaba donde comienzan todas las historia de Internet: en un campus universitario.
¿Artistas o delincuentes?
El empresario Philo T. es quizá el mejor ejemplo de cómo el excesivo celo sobre un copyright puede entrar en conflicto con la libertad de expresión.
Fundador del sello discográfico Illegal Art, la empresa de Philo está especializada en la promoción de artistas que usan como base de sus creaciones ritmos y canciones compuestas por otros y que son remezcladas utilizando una técnica conocida como mashups. Uno de más famosos es el polémico DJ Girl Talk, quien puede utilizar hasta una veintena de canciones por cada tema que crea, acumulando éxitos y denuncias por igual.
Para la industria discográfica, por cada minuto que Girl Talk pincha en directo debería pagar en derechos de autor cientos de miles de dólares. Pero para el fundador de Illegal Art, hacer pagar al artista supondría el fin de la creatividad, porque «es cuando empiezas a cortar el flujo de ideas».