Los sindicatos denuncian que es «inconstitucional», algo que la ministra de Empleo niega
14 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La reforma laboral ha pasado con nota el examen de Alemania, convertida en gendarme prácticamente absoluto de la UE y sus decisiones económicas. Así se desprende de las manifestaciones de Steffen Seibert, portavoz de la canciller Merkel, que aplaudió la reforma y la puso como ejemplo para Europa.
En Twitter, Seibert calificó de «modélica y valiente» la nueva normativa y, según informó Efe, en un encuentro con medios de comunicación, apuntó que «muestra la determinación» del Gobierno de Rajoy para regresar a la senda del crecimiento, manteniendo además «el ritmo» comprometido para las reformas.
El Ejecutivo de Merkel alabó las medidas, pronosticando que traerán más empleo, más competitividad y más crecimiento, en lo que coincide con la Comisión Europea, que afirmó que «van en la buena dirección».
Pero si fuera de nuestras fronteras ha sido unánimemente bien acogida, las reacciones en España son diversas y están claramente polarizadas.
Contra la Constitución
En la mañana de ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se reunió con los agentes sociales, y mientras que los líderes sindicales se mostraron aún más beligerantes que el sábado en sus críticas al texto laboral -sostuvieron que algunos aspectos son «inconstitucionales», además de que acelerará la destrucción de empleo en lugar de crearlo, tras legalizar el despido «libre y gratuito»-, los representantes de la patronal rehusaron hacer valoraciones. Eso sí, el vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, declaró a RNE que esta es «la reforma definitiva», que el Gobierno «ha cogido el toro por los cuernos» y que «no es un triunfo de la CEOE», ya que con la nueva ley «ganan los trabajadores y, por supuesto, los empresarios, y también España».
Pero CC.?OO. y UGT ven dos aspectos como posibles inconstitucionalidades, como «establecer una zona de exclusión amplísima, del 95 % de las empresas del país [las de menos de 50 trabajadores], en las que el despido pasa a ser libre y gratuito», según señaló Ignacio Fernández Toxo, al poder despedir sin indemnización alguna a trabajadores en período de prueba durante un año.
Igualmente, los líderes sindicales entienden que el ordenamiento jurídico español tampoco permite a la Administración «emitir laudos obligatorios», lo que cuestionaría la constitucionalidad de que la Comisión Nacional de Convenios Colectivos -de la que forma parte la Administración también- desarrolle tal papel en el caso de que fallen las vías extrajudiciales de resolución de conflictos respecto a los convenios colectivos.
Lo que sí valoraron Toxo y Méndez fue la «voluntad» del ministerio de abrir «conversaciones técnicas» con las que diseccionar la normativa recién aprobada, y la disposición de la ministra de «mejorar» el texto en su tramitación parlamentaria. Pero ambos insistieron en que no querían crear «falsas expectativas», porque «lo que hay que corregir no son errores técnicos sino horrores en materia laboral», como sentenció el secretario general de UGT.
«Completa y equilibrada»
La ministra Báñez, que compareció inmediatamente después de los sindicatos, negó la inconstitucionalidad de la norma, que volvió a calificar de «completa y equilibrada», además de destacar que se mantendrá el diálogo no solo con los agentes sociales sino con «todos los grupos políticos de la Cámara», ya que el objetivo del Gobierno es que la norma, «que supone un cambio histórico, tenga el mayor consenso posible».
Por la tarde, Báñez se reunió con los representantes de las organizaciones de trabajadores autónomos, quienes calificaron de «valiente» la reforma y sostuvieron que creará empleo. Pero la disparidad de opiniones no se acabó en los agentes sociales.
Desde el PP cerraron filas en su defensa. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, insistió en que lo que busca es «ser útil para los que no tienen trabajo, probablemente poniendo algo de los derechos de los que lo tenemos», mientras que el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, sentenció que «o país está para moitas cousas, pero, dende logo, non para folgas xerais», adelantándose a una posible convocatoria que los sindicatos no descartan.
El PSOE, por su parte, afirmó que la norma contiene medidas con las que no se atrevió «ni la legislación franquista».
«Lo que hay que corregir no son errores, sino horrores en materia laboral»