La decisión de rescindir el contrato a Martinsa y exigir las garantías para el pago a los expropiados pueden meter en otro litigio al Concello y la firma
17 abr 2012 . Actualizado a las 11:56 h.La última decisión del Concello de Miño de anular la concesión a Martinsa Fadesa para la urbanización de Costa Miño Golf constituye una vuelta de tuerca más a un problema urbanístico cuya solución no parece que llegue a corto plazo.
¿Por qué el Concello concedió de nuevo a Martinsa la urbanización?
El gobierno local alegó que la readjudicación de la urbanización respondía a la exigencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del 2006 que anulaba el anterior concurso -también concedido a Martinsa -y el proceso expropiatorio. Además, el alcalde de Miño, Juan Maceiras, explicó en su día que esta empresa fue la única que se presentó al nuevo proceso concursal.
¿Por qué aceptó la empresa?
Martinsa aceptó la readjudicación del residencial tras solicitar un prórroga en dos ocasiones y recurrir la decisión del gobierno local aprobada en septiembre de readjudicarle la concesión. El día que firmó el nuevo contrato, Martinsa explicó que esta formalización respondía al «objetivo principal de la compañía», que se centraba en «salvaguardar los derechos de los clientes».
¿En qué consistía la readjudicación de la obras?
La compañía se comprometía a iniciar las obras «de forma inmediata», al igual que la «comercialización de las viviendas ya terminadas y la finalización de las que todavía quedan sin construir».
¿En qué situación está Martinsa?
Los problemas de la compañía se iniciaron en el 2008 cuando la firma presentó concurso de acreedores, hecho que provocó la paralización de cerca de mil casas en siete promociones por toda España. En el caso de Costa Miño, Martinsa reconoció que «la reanudación de esta promoción se ralentizó más de lo deseable», debido a las sentencias que se acumularon.
¿A quién le dan la razón las sentencias?
A los expropiados. Además de que el TSXG anulase el primer concurso de urbanización, este tribunal también aumentó el pago del justiprecio de las expropiaciones, de 6,32 euros el metro cuadrado a 25,9 euros. Los expropiados siguen esperando que la firma les pague la diferencia.
¿Por qué el Concello anuló la concesión?
El gobierno local alegó que Martinsa no presentó los avales suficientes para el pago de los terrenos expropiados y las obras de urbanización, que ascienden a 21 millones de euros.
¿Qué supone esta decisión?
La reclamación por parte del gobierno local de daños y perjuicios para afrontar los gastos que implica la resolución del contrato y que cifra en 23 millones. También se iniciarán los trámites para el embargo de las garantías exigidas.
¿Qué soluciones hay?
Ahora el Concello concede diez días de plazo a Fadesa para presentar alegaciones. Si la firma presenta las garantías que se le piden quedará sin efecto la anulación del contrato. Si presenta alegaciones, se pedirá al Consello Consultivo que se pronuncie sobre la legalidad de las acciones que emprenderá el Concello y que no descarta el embargo de bienes a la firma.
¿Qué dice Martinsa?
No se pronunciará hasta no tener notificación oficial de esta decisión, pero ya envió una carta al gobierno local indicándole que iniciará acciones legales. Martinsa justifica que, según el convenio de acreedores, tiene un plazo máximo de ocho años para hacer frente a la deuda contraída con los expropiados.