El Sergas asumiría su coste y lo llevaría a los tribunales para reclamarlo
14 may 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El permantente conflicto político entre la Xunta y el Ayuntamiento de Vigo puede tener como víctima colateral el nuevo hospital que se construye en las parroquias de Beade y Valladares. El Concello se niega a cumplir el convenio de colaboración que le obliga a llevar al centro sanitario los servicios básicos, como el agua, la electricidad, el saneamiento o el gas ciudad, entre otros. El Gobierno gallego considera que esa negativa puede paralizar la principal obra que ejecuta en Vigo.
Por eso, el Ejecutivo autónomo ya está estudiando la posibilidad de correr con los gastos y llevar a Beade los servicios básicos, según confirman a La Voz fuentes conocedoras de los planes de la consellería. Así, como el conflicto político no tiene visos de resolverse, no se perdería tiempo.
Oficialmente, desde el Servizo Galego de Saúde indicaban el viernes -el último día hábil- que todavía no habían recibido por registro la postura oficial del Ayuntamiento. «Hasta que la tengamos, no podemos pronunciarnos en ningún sentido», dice un portavoz.
La maniobra puede pasar por llevar el asunto a los tribunales. El propio convenio firmado en el 2006 por la entonces alcaldesa, Corina Porro (PP), con las conselleiras de Sanidade y Política Territorial, María José Rubio y María José Caride, respectivamente (del PSOE, ambas), recoge que cualquier conflicto será resuelto por los tribunales de lo contencioso-administrativo. «O incumprimento de calquera das obrigas establecidas neste documento -reza el convenio en su cláusula decimosegunda- poderá dar lugar á resolución do mesmo e, no seu caso, á indemnización dos danos e prexuízos causados». Los servicios jurídicos de la consellería ya estudian qué hacer.
Pero, según explican las fuentes consultadas, la resolución judicial de un conflicto entre dos administraciones puede demorarse entre las montañas de casos que tramitan a diario los tribunales gallegos. Y en el Sergas están convencidos de que necesitan tener la cuestión despejada cuanto antes. Por eso, esa opción, que cobra fuerza, pasa por llevar al Concello de Vigo a los tribunales y mientras asumir el coste de los servicios para que la obra siga.
Previsiblemente, y en base a la citada cláusula, la Administración gallega reclamaría que el juez reconociese su derecho a cobrar del Concello al menos lo equivalente al coste de la obra.
Sanidade apremia al Concello alertando de que Fenosa calcula que hacen falta entre «un ano e medio e dous anos» para ejecutar la acometida eléctrica. Así se lo trasladó el Servizo Galego de Saúde al Ayuntamiento el martes pasado, cuando se constituyó la comisión de seguimiento de las obras, que conforman el Sergas, la Consellería de Sanidade, la de Medio Ambiente (antigua Política Territorial) y el propio Concello.
Otras fuentes consideran que esa hipótesis es demasiado conservadora y la rebajan a un año. La conclusión de la obra está fijada en las últimas semanas del 2013 y su entrada en servicio en el primer semestre del 2014. En cualquier caso, el Concello -o en su caso Sanidade- debería empezar a planificarlo.
Cinco millones
El coste de los servicios básicos ronda los cinco millones de euros, según el Ayuntamiento. Es cierto que esa estimación está hecha sin contar con el plan de ejecución definitivo ni el proyecto de urbanización, porque Sanidade aún no los han enviado al Concello. En la reunión del martes pasado, la consellería se comprometió a remitir esos planes al Ayuntamiento, y este a contestar por escrito con su postura oficial.