La pizarrera de Quiroga está en liquidación y lleva cerrada años
28 sep 2012 . Actualizado a las 14:31 h.Cuatro directivos y trabajadores de la pizarrera Pebosa, que se encuentra en liquidación, se sentaron ayer en el banquillo de del Juzgado de lo Penal número 1, acusados de sendos delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. Les imputan la muerte de un transportista, con 20 años de profesión, que se precipitó por un talud cuando regaba los accesos a la zona en la que estaban extrayendo pizarra, en Pacios da Terra, en Quiroga. El fiscal pide inicialmente para cada uno de ellos dos años y tres meses de prisión e inhabilitación durante tres años, además de 107.000 euros en indemnizaciones para la esposa y para la hija del trabajador fallecido.
Los hechos ocurrieron el seis de septiembre del año 2006 en la cantera de Pebosa, en Quiroga. De la muerte del transportistas están acusados el director facultativo de la mina, Francisco Javier Fernández Friera; el director general de Riofrío, que ese mismo año se había hecho con el 51% de las acciones de la pizarrera, Plácido Carrera Fernández; el encargado general de la explotación, Manuel Vicente Trincado y el encargado general del grupo, Luis Domínguez Arias.
El director facultativo, que era el máximo responsable de la seguridad de la mina, insistió en todo momento que el acceso, no la pista, a la zona en la que extraían la pizarra cumplía todas las condiciones exigidas por la normativa e incluso superaba esas medidas.
El técnico destacó que el fallecido estaba en posesión de todos los carnés de conducir necesarios para desempeñar las labores que realizaba. La de conductor del tractor para regar el acceso con la cisterna la había asumido ese mismo día, después de un día de instrucción en esta tarea por parte de un compañero. Era la segunda pasada que realizaba con el tractor cuando se registró el accidente. El tractor el único daño que presentaba fue una rueda reventada.
Responsabilidades
El técnico fue preguntado acerca de quién había tomado la decisión de que el transportista dejara las otras labores que realizaba en la pizarrera para dedicarse a regar el acceso. Apuntó que no lo sabía, pero que suponía que había sido el encargado y que su cometido no era saber a quién y adónde trasladaban a cada trabajador.
En su informe provisional el fiscal recogía varias infracciones de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Entre ellas figuraba que el acceso no estaba protegido por barreras infranqueables ni estaba señalizado. El director facultativo insistió que había dos barreras de escombros, una por fuera y otra por dentro. Esta última no estaba completa. Llegaba solamente a la mitad para que pudiera bajar el agua de la escorrentía, dado que de lo contrario se concentraría el barro y resultaría peligroso para los dumper que bajaban por el acceso cargados.
Según pusieron de manifiesto los acusados, después del accidente, levantaron una barrera en toda la zona interior, que tuvieron que retirar por el peligro que suponía cuando llovía.
Otro de los aspectos en los que se centró el interrogatorio fue si el tractor que manejaba el operario necesitaba o no cinturón de seguridad. Tanto el técnico como el directivo señalaron que el vehículo no traía ese accesorio de fábrica y que colocarlo sería una infracción.