Enviaron un escrito de inconstitucionalidad a la Defensora del Pueblo, que ya les contestó que no interpondrá recurso
07 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El gobierno local de Lalín aprobó en solitario el pasado lunes la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a la plantilla municipal, medida que supondrá 173.000 euros. Anticipándose a la medida, funcionarios del Concello lalinense recurrieron a otras vías legales para intentar mantener una paga extraordinaria de la que sí gozarán este año los diputados autonómicos, y trasladaron a la Defensora del Pueblo Soledad Becerril una solicitud para que la institución que rige interponga un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competividad.
No funcionó: la propia Defensora del Pueblo contestó ya a las demandas de funcionarios de Lalín, indicándoles que oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior «ha resuelto no hacer uso de dicha legitimación constitucional», por lo que no interpondrá el recurso que le demandaban los trabajadores.
Notificación electrónica
Pero las reclamaciones que llegaron a Soledad Becerril desde Lalín distan de ser las únicas. De hecho, en la propia respuesta a través de correo electrónico la Defensora del Pueblo explica que «el hecho de haberse recibido un número muy elevado de solicitudes como la suya hace extremadamente difícil y costoso notificar por conducto ordinario postal el contenido de la resolución referida a su solicitud, lo que ha llevado a esta Institución a acudir a esta forma de notificación electrónica», al tiempo que remite a la web del Defensor del Pueblo para conocer en detalle las medidas adoptadas en el caso.
Unas medidas adoptadas tras el estudio del real decreto-ley que se quedan en una serie de recomendaciones de alcance general sobre diversas materias que Soledad Becerril dirigió a responsables de varios departamentos del Gobierno, que hacen referencia a algunas de las cuestiones planteadas por funcionarios de Lalín «y a otras razones de impugnación manifestadas por varias personas y colectivos ciudadanos». En definitiva, los funcionarios se quedarán sin la extraordinaria que sí podrán percibir políticos que a ellos se la deniegan.