El edil de Medio Ambiente se niega ahora a dar las auditorías que el PP pidió en la oposición y prometió hacer públicas en la campaña electoral
11 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El pasado 5 de julio del 2012 el concejal de Medio Ambiente Enrique Salvador hablaba sobre la planta de residuos urbanos de Nostián: «Todavía se están perfilando algunas de las conclusiones aportadas por la auditoría técnica y los servicios técnicos del Ayuntamiento están trabajando en ello». El documento ya estaba en poder del gobierno local y, de sus palabras , se desprendía era cuestión de días -antes de concluir el verano, según la previsión del edil- que estas se materializasen en un plan de viabilidad. Medio año después, todo -esa auditoría, la otra económica y el plan de futuro final- continúa inédito, tanto para la oposición como para la ciudadanía en general.
¿Cuál es el origen de las dos auditorías?
Durante el gobierno de Javier Losada, el PP puso constantemente en tela de juicio la gestión y el modelo de Nostián, llevada a cabo por la empresa Albada. Carlos Negreira, que convirtió la planta en uno de sus particulares caballos de batalla, la llegó a calificar como «estafa medioambiental». Una vez en el poder, encargó la elaboración de dos auditorías, una técnica y una económica, para cumplir con su compromiso de transparencia. Contratadas por concurso, la primera correspondió a la empresa Applus Norcontrol por 38.586 euros. La segunda, a KPMG por 37.500 euros.
¿Qué motivos había para encargarlas?
Entre otros aspectos, aseguraban que el 70 % de la basura se enterraba directamente. Primero en una balsa de rechazos y, después, en Sobrado. Frente a ello, el PSOE aseguraba que se separaban el 100 % de los residuos y que todos recibían algún tipo de tratamiento. También existían duros reproches en el aspecto económico. Cuando el PP tomó el poder en María Pita Albada reclamaba 60 millones de euros por gastos acumulados por el traslado de residuos rechazados (es decir, la basura que no puede ser reciclada) a Sobrado y obras de mejora. Además, presentaba un déficit anual de 5,5 millones.
¿Qué medidas se tomaron?
Aparte de encargar las auditorías, el gobierno local logró un ahorro en la gestión de los rechazos. Si en el 2010 el gobierno local reconocía que suponían un sobrecoste de 3,2 millones de euros, en el 2011 la cantidad descendió a 2,91 y en el 2012 se quedó en 1,97. De todos modos, son las conclusiones de las auditorías aun ocultas las que deberían marcar la estrategia general para el futuro económico de la planta.
¿Se podrá acceder a los documentos?
A tenor de lo dicho por Enrique Salvador en la rueda de prensa del martes pasado, no. Tras calificar las auditorías como «un documento de uso interno» y sostener que en ningún caso se van a hacer públicas, tampoco quiso decir nada sobre las conclusiones extraídas de ellas. Ya ha pasado medio año desde que el edil sugería que los informes estaban a punto.