Las grabaciones telefónicas de la operación Rei describen irregularidades de cada contrato
27 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La operación Rei tiene ya una dimisión, la del concejal, exalcalde y diputado provincial Juan José Díaz Valiño. El auto de la jueza en la operación analiza con detalle cada uno de los 20 casos grabados en la investigación, y además de estudiar los hechos la jueza les aplica una tipificación penal. Algunos de ellos se describen a continuación.
discutir para adjudicar
«Se lo voy a dar a Antonio». La mejora de caminos en Prevesos, Pacios y Santa Locaia parece marcada por la decisión «de algunos miembros del equipo de gobierno, y entre ellos el propio alcalde,» de que recayese «en una determinada empresa». El alcalde pregunta cuál es el proyecto de asfaltado con mayor presupuesto. Ante la respuesta de la secretaria municipal, que le aclara que la mayor cuantía es de 113.613 euros, el regidor comenta: «Se lo voy a dar a Antonio», afirma.
Al principio, para adjudicar esa obra se invitó a tres empresas. Semanas más tarde, sin embargo, se observa que falta oferta de una empresa en la obra de una carretera, ante lo cual la secretaria del Concello avisa: «Si no aparece aquí o aparece hoy, yo digo que está fuera de plazo y por tanto levanto acta y es vuestra responsabilidad».
El edil Roberto Lorenzo le pregunta al alcalde días después si hay solución, a lo que el regidor contesta: «Puede que sí». Lo ocurrido, según agrega el alcalde, parece un error de interpretación de las empresas: «La gente está acostumbrada a que los días cuenten desde que los reciben, y en este caso era al revés» La obra fue contratada tras haberse enviado por tercera vez las invitaciones a empresas -a la que finalmente se llevó la adjudicación y a otras dos-.
De acuerdo con el auto, hay indicios que permiten imputar a Díaz Valiño, al exconcejal Antonio Balado y al edil Roberto Lorenzo un delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) y uno de fraude (artículo 436), así como imputar como cómplice al representante de la empresa a la que se adjudicó la obra. Y se subraya que el procedimiento administrativo «adolece de irregularidades presuntamente subsumibles en tipos penales».
polémico acuerdo
«Una cantada estar siempre los mismos». El Plan de Obras y Servicios (POS) del 2009 fue movido. Antes de iniciarse el procedimiento de adjudicación de varios abastecimientos de agua, se realizaron, como consta en el auto, acciones tendentes a decidir de antemano qué empresa resultaría finalmente elegida.
Una conversación entre Díaz Valiño y Lorenzo recoge que el primero le dice al segundo: «Este año cambiaremos... Va a ser una cantada estar siempre los mismos, ¿no?». Una posterior conversación del alcalde con un empresario recoge explicaciones del primero: «Es que, a ver... Nosotros, si lo sacamos a concurso, ganamos más porque las empresas os peleáis, y nosotros a lo mejor salimos mejor, pero nosotros también queremos trabajar con quien nos echa una mano [...] Algo de mejora tienes que poner, porque si no, nos fastidian políticamente». En el expediente, según se afirma en el auto, «no consta documento alguno «que acredite cuándo y cómo» se enviaron las invitaciones a empresas.
Lo ocurrido implica a priori, según el auto, la existencia de indicios de presunta prevaricación (artículo 404 del Código Penal) y de fraude (artículo 436) en el alcalde, en los ediles Antonio Balado, Ana Canto y Roberto Lorenzo, así como de indicios de fraude «como cómplice» para el representante legal de una empresa. Se pone de manifiesto la existencia de «artimañas» previas a la adjudicación y que la presencia de tres empresas invitadas a presentar ofertas «no es sino un mecanismo para garantizar que sea la voluntad del equipo de gobierno la que fije el resultado final».
certificación sin final
«Tenemos un problema con la subvención del mercado del pulpo». El acondicionamiento y la mejora del mercado tradicional y ambulante de Castro de Ribeiras de Lea, famoso entre otros aspectos por los puestos de pulpo que se instalan los miércoles con gran concurrencia de público, tampoco se libra de la polémica. En el auto se expone que se llevó a cabo la certificación final de obra «a sabiendas de que aún no estaba finalizada» y ocultando un certificado del interventor accidental según el cual no había fondos.
La secretaria municipal expuso al alcalde que se estaba tramitando un expediente que carecía de crédito y que era «nulo de pleno derecho». En una posterior conversación, al regidor ella le dice: «Tenemos un problema con la subvención del mercado del pulpo». La clave de este asunto residía en que el montante de la obra estaba subvencionado y sometido, por tanto, al cumplimiento de plazos en ejecución y conclusión.
En el auto se dice que el alcalde podría ser autor de un delito de prevaricación; la secretaria, de uno de falsedad documental, y la directora de obra, de uno de falsedad documental por una certificación supuestamente falsa del final de los trabajos.
maniobraS
«Hay que hacer de nuevo la oferta». En la adjudicación de la construcción de una sede para parque de maquinaria municipal en el polígono (142.138,21 euros de presupuesto) aparecen «maniobras» del grupo de gobierno en connivencia con el empresario adjudicatario para que sea ese quien la ejecute. Tras varias llamadas de miembros del gobierno local a un empresario para que entregue una rectificación de la oferta, «incluso diciéndole lo que tiene que poner», Valiño avisa: «Lo que hay que hacer de nuevo es la oferta».
El auto aprecia indicios de prevaricación y de fraude en Díaz Valiño, en Roberto Lorenzo y en Antonio Baladoy de cooperación en el fraude en el representante legal de una empresa.
crónica los contratos irregulares en castro de rei
El auto cita la realización de «artimañas» previas a adjudicaciones
«Si lo sacamos a concurso, ganamos más», dice el exalcalde a un empresario