El Concello se niega oficialmente a hacer su parte del nuevo hospital

á.p. / m.j.f. VIGO / LA VOZ

FIRMAS

16 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Ya es oficial. Hasta ahora el Concello de Vigo venía repitiendo en público que se negaría a pagar las obras que se comprometió a hacer para dotar de servicios al nuevo hospital. Pero desde ayer la situación ha tomado otro cariz: la junta de gobierno local que preside Abel Caballero decidió rechazar el pago de la acometida eléctrica para que el complejo hospitalario de Beade tenga electricidad. El requerimiento al Concello exigiendo la ejecución de la acometida fue cursado el 18 de enero por la Xunta. Para Caballero, «vulnera los principios básicos de la colaboración y entra en competencias que el Concello no tiene asumidas».

La polémica viene de un convenio firmado en el año 2006 por la entonces alcaldesa, Corina Porro (PP), y las conselleiras de Sanidade y Política Territorial a la sazón, María José Rubio y María José Caride (PSOE), respectivamente. Aquel documento comprometía a la Consellería de Política Territorial a gestionar los terrenos, al Sergas a pagarlos, a la Consellería de Sanidade a hacer el hospital y al Ayuntamiento a ejecutar y pagar la acometida eléctrica, la traída del agua, el gas ciudad y otros servicios. Todo eso es lo que el Concello no hará.

Se basa en un informe de la asesoría jurídica encargado ad hoc, que, a su juicio, es contundente con las obligaciones del Concello.

Ese documento, según explicó ayer Abel Caballero, informa de que «el Concello no cuenta con obligación ninguna de costear las obras e instalaciones necesarias para suministrar energía al hospital».

El Sergas no quiso valorar ayer la decisión municipal aunque, como avanzó La Voz, la Consellería de Sanidade ya está preparada para asumir y pagar las obras, especialmente la acometida eléctrica. La promesa electoral de Feijoo indica que el hospital debe estar abierto en la primera mitad del próximo año y el Sergas necesita tener cuanto antes la electricidad.

»El requerimiento de la Xunta vulnera los principios de colaboración»