Vigo fue la primera urbe gallega, allá por el año 2003, que planteó la imperiosa necesidad de dotarse de nuevos juzgados. «Cidade da Xustiza» fue la pomposa denominación que se le dio en el Plan Xeral, que también dibujaba la construcción de una «Cidade do Mar», una «Cidade do Frío» y una «Cidade do Deporte». Y es que no faltaban pelotazos en aquel documento que preveía la construcción de 125.000 nuevas viviendas y que se ha quedado como paradigma de una época de excesos. Sin embargo, si algo tenía sentido entonces y lo sigue teniendo ahora era la creación de un edificio judicial. No solo por la falta de espacio en la calle Lalín sino también porque se trataba y se trata de reforzar a Vigo con los servicios administrativos que históricamente se le han negado por no ser capital de provincia. Desde los años 90 habíamos avanzado poco a poco en esa dirección (oficina de Tráfico, sección de la Audiencia, Registro Mercantil...), pero la irrupción del estilo Cachamuiña en nuestro Concello nos ha hecho retroceder.
Mientras el alcalde enarbolaba a diario el hacha de la demagogia contra la Xunta, también negándose a ceder terrenos para los juzgados aduciendo que es la Administración autonómica quien debe pagarlos, los ayuntamientos de Santiago, A Coruña, Ourense y Pontevedra hicieron los deberes expropiando solares o poniendo a disposición históricos inmuebles para dotarse de salas.
Pensando en los votos y no en llamar a las puertas para negociar, hemos perdido un tiempo precioso para que no nos cogiese con el pie cambiado el inaceptable proyecto de un PP cada vez menos centrado y más centralista, que pretende imponer un solo partido judicial por provincia.
diego.perez@lavoz.es