Patricia Castro declarará el 10 de mayo por presuntas obras ilegales
23 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El responsable del juzgado de primera instancia e instrucción de Sarria imputó a la concejala Patricia Castro por un presunto delito de desobediencia. La edila es la portavoz del PP.
El auto de imputación indica literalmente que «los hechos que resultan de las actuaciones practicadas presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de desobediencia a autoridades o funcionarios».
El día y la hora fijados para que la actual delegada de Servicios Sociales y anteriormente de Obras preste declaración en las dependencias judiciales sarrianas es el 10 de mayo, a partir de las 10.30 horas de la mañana.
El modo de impugnación de este expediente es mediante la interposición de un recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación o recurso de apelación directo en un plazo de cinco días.
El proceso comenzó en cuando el fiscal jefe de Lugo, Javier Rey, recibió un escrito de un particular en el que denunciaban que una obra que estaban ejecutando en un chalé de la urbanización Cimo da Agra de Sarria Jorge Armesto López y Patricia Castro no se adaptaba a las condiciones de la licencia concedida. El escrito de denuncia continúa explicando que como consecuencia de no adaptarse los trabajos a la licencia la junta de gobierno dictó orden de suspensión el 24 de agosto del año 2011, que fue notificada a las partes implicadas tres meses después. Durante ese tiempo aseguran que Patricia Castro, ya por entonces ocupando el cargo de concejala de Obras, continuó con la ejecución de los trabajos sin que la autoridad municipal practicase ninguna actuación más, pese a que en varias ocasiones el PSOE de Sarria presentó escritos en los que exigía que se paralizasen de inmediato los trabajos.
El decreto de incoación de diligencias reprocesales emitido el pasado 7 de enero por el fiscal jefe manifiesta en su parte final que «el escrito de denuncia, con la documentación aportada, aún sin proponer calificación penal alguna, alusiva a la pasividad de los responsables municipales, constituye un mínimo elemento determinante de la incoación de diligencias reprocesales de investigación».
Por su parte, el decreto de la fiscal de Monforte, María Isabel Cortés, y encargada del caso recoge literalmente que tras un examen de fotografías que fueron incorporadas a la inspección ocular realizada por agentes de la Guardia Civil de Sarria refleja que «la orden de suspensión de obras pudo no haber sido obedecida, dado que las obras que se encuentran en estado aparentemente más avanzado de lo que estaban en la anterior inspección, realizada el 10 de diciembre de 2012 por el notario de Sarria, por lo que procede remitir las actuaciones al Juzgado de Sarria para el esclarecimiento de los hechos, a efectos de incoar las correspondientes diligencias previas».
Los letrados que representan a los denunciantes consideran clave que la paralización de las obras no se realizara mediante un decreto del alcalde y se recurriera a una decisión de la junta de gobierno. Todavía consideran más punible que la comunicación del acuerdo a la concejala se demorara durante varios meses.
Un hombre de 30 años se enfrenta a sendas penas de dos años de cárcel y una multa de unos 300 euros porque el fiscal lo considera responsable de un delito de atentado y de una falta de lesiones. El imputado supuestamente atacó a un guardia que descubrió que llevaba 3 gramos de marihuana en su coche, en un control efectuado en la madrugada del 27 de febrero de 2010 en la zona de Quiroga.
Dice el fiscal que el acusado reaccionó en actitud desafiante y retadora. «Es un poco de marihuana, ¿Qué pasa?», les dijo. Supuestamente luego comenzó a vociferar y mostrarse agresivo hasta el extremo de que empujó a uno de los agentes contra el coche.
En su declaración, el acusado dijo que el control estaba mal situado porque casi no se percató de la presencia de los agentes. Explicó que, en ningún momento, se negó al registro; es más, cogió la marihuana y el guardia le dijo que no lo multaría, pero cuando se la mostró empezó a tramitar la correspondiente denuncia. «¿Somos personas o no?», le preguntó al agente.
El fiscal le recordó que en la fase de instrucción había reconocido que empujó a uno de los agentes. «Fue porque el abogado que tenía era amigo de los guardias y fui coaccionado para que dijera eso, pero yo no le toqué», expresó. El acusador público dijo que era normal que lo denunciaran porque no sabían la cantidad de droga que tenía. «¿Si tuviera 15 gramos de coca no iban a hacerlo?», se preguntó.