A estas alturas todavía no se sabe si Cacharro será imputado o no
18 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La operación Muralla, la que destapó la caja de la lucha judicial contra la corrupción en Lugo sigue atascada en su séptimo cumpleaños. Duerme un sueño que parece eterno y que va camino de echar por tierra el trabajo realizado por un buen número de personas, entre las que figuraron numerosos agentes de la policía. A estas alturas algo que aparentemente no tendría grandes complicaciones, como es decidir si se imputa o no al expresidente de la Diputación, Francisco Cacharro, está sin decir.
Lo que sucedió con esta investigación, después de que su promotor, el fiscal Jesús Izaguirre, fuese ascendido y enviado a Vitoria, daría para múltiples historias a Francisco Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón. Los documentos fueron tirados en los sótanos del edificio de los juzgados y un día de tormenta se mojaron porque fue a romper justo encima una de las tuberías de la conducción de aguas. Aseguran quienes tuvieron oportunidad de ver algunas cajas afectadas por el agua que todos los papeles que contenían anotaciones hechas con bolígrafo, quedaron peor que jeroglíficos egipcios.
Varios fiscales trataron de meterle el diente. Uno, Jacinto Fernández, acabó pidiendo el traslado y se lo dieron; otro, Javier Rey, también hizo lo propio, pero su petición no fue atendida. Hay que reconocer que Rey le dio algunos impulsos a la operación y consiguió que, después de años de espera, un equipo de la policía judicial de Madrid hiciera un informe que confirmaba que el consulting Senén Prieto Ingeniería, presuntamente tenía entre sus responsables a a personas vinculadas al servicio de Vías y Obras provincial.
El fiscal consideró la necesidad de imputar a Cacharro, pero la jueza le dijo que no, entre otras razones porque ya había prestado declaración cinco o seis años antes y ahora, posiblemente, no aportase mucho más de lo que que contó en su día. El hombre que durante más de veinte años no se despegó del sillón presidencial del Palacio de San Marcos había dicho en su momento que le resultaba más rentable a la institución externalizar la confección de los proyectos que hacerlos porque precisaría contratar a cincuenta personas. A decir de varios funcionarios, eso no era así. Varios de ellos se ofrecieron para sacar el trabajo adelante y el equipo de gobierno no aceptó. Prefería darle esa tarea a la consultora privada que, según la policía, fue puesta en marcha por el jefe del servicio de Obras, José Manuel Romay López, que se encuentra imputado y que, al igual que otras decena de personas, lleva esperando siete años para saber lo qué van hacer con él judicialmente.