Asegura que hubo irregularidades pero las considera administrativas
28 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El expresidente de la Diputación de Lugo, en el recurso planteado contra su imputación por tres delitos en la operación Muralla, pide que se declaren nulas parte de las actuaciones porque se considera indefenso. Se lava las manos de cualquier irregularidad que atribuye a sus exvicepresidentes, destaca que el auto en el que se le imputa carece de rigor y recuerda, entre otras cuestiones, que el 40% de la documentación contenida en cuatro tomos resulta ilegible como consecuencia de la mojadura que afectó a las cajas con los documentos de la operación que fueron tiradas en un sótano de los juzgados sin demasiado control.
Cacharro alega para pedir la nulidad el hecho de que nunca le trasladaron las actuaciones a pesar de que van siete años de investigaciones. Hasta hace unos meses en que lo llamaron a declarar como imputado, no pudo personarse.
Considera que la imputación se basa en la «interpretación de las palabras de la declaración de algún funcionario» y recuerda su abogada que ella no tuvo oportunidad de asistir, ni de determinar el alcance de las misma, ni tan siquiera proponer diligencias. «No se garantizó su derecho de defensa», dice la abogada.
El recurso refleja severas críticas al auto de imputación a Cacharro. «No contiene ni el más mínimo razonamiento que justifique la existencia de indicios de participación en los hechos», destaca. Rechaza la supuesta concertación de Cacharro con los otros dos imputados, el exjefe de vías y obras y un supuesto testaferro, porque no sabía las relaciones que este pudiera tener con la empresa Senén Prieto Ingeniería S. L, que era la que se llevó parte de los contratos para la redacción de proyectos de la Diputación.
«No puede afirmarse sin más que Senén Prieto fuese la real adjudicataria de los contratos adjudicados a Enrique Cacicedo. De lo único que se puede hablar es de una subcontratación de prestaciones parciales(...) En todo caso lo único que podría reprocharse es que en dicha subcontratación, por supuesto desconocida por Francisco Cacharro, pudiese existir algún tipo de irregularidad administrativa, bien de tipo formal, al no haberse comunicado por escrito a la Administración Provincial (...) pero desde luego no sería constitutiva de delito alguno».
«No es relevante
«El hecho de que se llevasen a cabo esas subcontrataciones entre Cacicedo Herrero y Senén Prieto no es relevante, como tampoco lo es si se ajustaban o no a la legalidad administrativa vigente. Lo decisivo es que eran pura y exclusivamente un negocio jurídico particular entre las dos partes. (...) y no existe en las diligencias previas, ni una evidencia, ni un indicio racional que acredite que Cacharro tuviera conocimiento de las subcontrataciones», refleja el recurso.
Dice el documento que no está acreditado que Cacharro adjudicase 102 contratos a Cacicedo a sabiendas de las «flagrantes irregularidades». El expresidente no hizo adjudicaciones y su firma, dice su abogada, no figura «no ya en ninguno de los decretos de adjudicación, sino tampoco en ninguno de los actos de trámite que integran nueve expedientes» . Los documentos -expresa el recuso- están firmados por los vicepresidentes que eran quienes cursaban las invitaciones y tenían la responsabilidad de convocar las mesas de contratación.
Los expedientes en los que no se constituyó la mesa, dice el documento, no fueron adjudicados con la intervención de Cacharro, «sino con la de alguno de los vicepresidentes (...) por lo que no puede hacerse responsable al presidente de actos en cuya adjudicación no ha intervenido».
En el documento se expresa que hay 44 expedientes adjudicados a Enrique Cacicedo, en los años 2004 a 2006 en los que no se constituyó la mesa de contratación.