Si es cierto que el pleno de los ayuntamientos es el órgano donde se expresa la voluntad de los ciudadanos, en Vigo existe un claro déficit democrático. Las mociones que aprueba la mayoría de la corporación municipal no se cumplen. Da igual que los representantes elegidos por 78.000 vigueses (PP y BNG) voten una cosa porque acaba haciéndose lo que deciden los representantes elegidos por 50.000 vigueses (PSOE).
Esto no es opinable, son datos objetivos. Asistimos a una situación perversa. Si el pleno decide que hay que revisar la tarifa del agua porque es un timo cobrar litros que no se consumen o si decide que los parados de larga duración viajen gratis en el autobús (que, dejando las mentiras a un lado, son muchísimos menos que los que disfrutan de una pensión), lo normal sería ejecutarlo. Pero no es lo que ocurre, como estamos viendo un día sí y otro también.
Si los acuerdos de este máximo órgano de representación no obligan y se convierten en papel mojado, la pregunta que cabe hacerse es otra: ¿para qué puñetas sirve un pleno? Y más: ¿por qué diablos cobran estos señores? Sería mucho más higiénico ahorrarnos lo que se ha convertido en una pantomima. En su versión ordinaria mensual y también cuando les da por la extraordinaria.
Aunque estamos en tiempos de turbulencia y hace tiempo que los políticos desbordaron la capacidad de indignación de los ciudadanos, estaría bien que los tres concejales del Bloque Nacionalista Galego fuesen los primeros en reflexionar sobre este particular. Ellos, en la investidura, fueron los que dieron al alcalde socialista toda la legitimidad para gobernar en minoría. Y desde entonces la tiene, independientemente del uso que haga de ella.
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