Aznar nos dejó un regalito envenenado a los gallegos. En el año 2000, su Gobierno decidió que la explotación de la AP-9 siga en manos privadas hasta el 18 de agosto de 2048. Fue la almoneda con la que se compensó a la concesionaria Itínere, inicialmente una división del grupo constructor Sacyr-Vallehermoso (Luis del Rivero), a cambio de la ampliación de la autopista hacia Ferrol; la apertura del intercambiador de O Rebullón y la gratuidad de Rande-Vigo.
Ahora la explotación es controlada por un fondo norteamericano de inversiones, Citi. Sea quien sea el propietario, antes, ahora y después, la AP-9 es un pingüe negocio. La concesionaria tiene unos ingresos garantizados y un beneficio amarrado aunque merme la intensidad media de los tráficos por los diferentes tramos como ha venido ocurriendo desde 2007. Con decir que los peajes han subido por encima del 50 % en la última década, muy por encima del IPC y del poder adquisitivo, ya se resume la magnitud del negocio.
El último arreón que lleva en vigor 12 días, pone el precio del viaje Pontevedra-Vigo en 3,65 euros, lo que supone uno de los tramos más caros de España. Y la verdad es que dónde va que ya se ha pagado el puente de Rande para que continúe este suplicio, un gota a gota contra las economías de miles de usuarios.
Con estas premisas tan condicionantes, que la Xunta reclame la titularidad es un chiste y un brindis al sol. Aunque la ministra Pastor accediese, las cláusulas del contrato de la concesión son tan asfixiantes que el gobierno gallego tendría las manos atadas y carecería de margen de intervención.