«Quiero que todo se aclare y evitar la pena de banquillo»

Xosé Vázquez Gago
Xosé V. Gago A CORUÑA / LA VOZ

FIRMAS

PACO RODRÍGUEZ

El letrado ha solicitado a la Audiencia de Lugo que traslade la investigación a los juzgados coruñeses para agilizarla

18 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Esteban Rico es el abogado que representa al teniente de alcalde, Julio Flores, a su asesor y a la directora de Museos Científicos en la instrucción de la operación Pikachu, la rama coruñesa de la Pokémon, en la que están imputados. El viernes, defendió ante la Audiencia de Lugo un recurso para que la investigación se traslade a los juzgados de A Coruña. Pero su objetivo, insiste el letrado, no es «ir contra la magistrada (Pilar de Lara) o quitarle la causa», sino que la presunta trama de corrupción en favor del grupo empresarial Vendex se esclarezca cuanto antes.

Acelerar las pesquisas, explica, no solo sería positivo para sus clientes, que «no son para nada penalmente responsables» y así verían acortada su «pena de banquillo»; también sería bueno para el conjunto de los ciudadanos y para la acción judicial. Estos verían resueltas antes sus dudas sobre la honorabilidad de sus representantes, mientras que la Justicia minimizaría el riesgo de que «por dilaciones, personas que sí son penalmente responsables pudiesen salir impunes».

También dará problemas la «enorme complejidad de la instrucción», que ya cuenta con más de 110 imputados en toda Galicia. El abogado recuerda que antes de Semana Santa «casi como medida de gracia» tuvo la posibilidad de consultar las actas. Hizo frente a «40.000 folios en una mañana, algo inabarcable», y ahora con 125 tomos y más de «80.000 folios muy enrevesados», la tarea de los abogados, fiscales y de la propia jueza, promete ser todavía «mucho más complicada».

Así, con el fin de acelerar y simplificar el proceso, Rico defendió ante la Audiencia que el caso se «despiece y se envíe cada pieza al partido judicial que le corresponde». Su petición ya recibió antes una negativa, la de la propia jueza De Lara, que argumentó su decisión en que la supuesta red de contrataciones irregulares podría constituir una «organización criminal» con un eje común, el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, quien podría verse perjudicado al ser el objetivo de varias investigaciones y juicios en paralelo.

Pero Rico recuerda que un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya recoge que la causa pueda despiezarse, incluso si hay conexidad (un nexo común entre los posibles delitos), «cuando sea muy prolija y extensa, con el fin de facilitar el esclarecimiento de los hechos».

El letrado reconoce que ambos planteamientos son válidos, pero ante la Audiencia se preguntó «¿cuál es el de mayor interés a los ciudadanos?» En un asunto que «pone en tela de juicio el buen funcionamiento de las administraciones públicas», el que despeje cuanto antes esas dudas.

¿Y el posible perjuicio a Tutor? Rico explica que ambas vías, llevarlo todo junto o despiezar el caso, pueden causarle beneficios o daños si al final hay juicio. En el primer caso, saldría perjudicado si se le aplica la pertenencia a organización criminal. Mientras que en el segundo podría beneficiarse de la acumulación de penas si se le condena varias veces.

En el fondo, insiste, se trata de que personas «sobre las que pesan meras o nimias sospechas, que han sido imputadas por una cuestión de garantías», no tengan que esperar para saber en qué se concretan las partes de la investigación que les afectan a que se resuelvan otras ramas del sumario que tocan a «otros imputados con pruebas más o menos contundentes o incluso sobre la que pesan evidencias abrumadoras». La Audiencia de Lugo dirá.