La prórroga de la concesión a Aqualia, a finales del 2011, se realizó con informes externos ya que Caballero ignoró la advertencia que le hizo el entonces interventor municipal de realizar previamente una auditoría. Por escrito, el funcionario, que unos meses después sería cesado por el alcalde sin explicación alguna, consideraba procedente que «se leve a cabo un control financeiro do cumprimento do servizo (...) a través dos procedementos de auditoría correspondentes» dada la relevancia de la operación para la ciudad.
En aquel momento el PP expresó su extrañeza de que con el sistema tarifario existente en Vigo el alcalde no pusiera este asunto sobre la mesa a la hora de negociar una prórroga. «En Vigo no se paga por lo consumido y por eso tenemos las tarifas más altas de Galicia», aseguró el concejal popular Antonio Bernárdez. El mismo edil manifestaba su extrañeza de que con una situación económica saneada, el Concello tuviera que recurrir a esta prórroga para financiar humanizaciones.
Lo que en ningún momento se puso sobre la mesa fue la propuesta que el BNG había incluido en su programa electoral, de aprovechar el final de la concesión en 2015 para rescatarla y volver a gestionar el agua desde la esfera pública. Esta opción es también la que defiende Esquerda Unida, que previsiblemente la defenderá en las elecciones del año próximo.