En el verano del 2011, tras las últimas elecciones municipales, el BNG (ya fuera del gobierno local) condicionó su voto favorable a los presupuestos del 2012 a que se modificara el recibo del agua eliminando el mínimo de 30 metros cúbicos por recibo. No lo consiguió y tuvo que conformarse con el compromiso de crear una comisión que lo estudiara antes del siguiente presupuesto.
Sin embargo, la comisión ni siquiera llegó a crearse y pese a ello votó también el del año 2013. A lo largo del año pasado el debate fue más intenso tras implicarse el PP. En al menos tres ocasiones, los populares llevaron a pleno propuestas en el mismo sentido, en todos los casos aprobadas por unanimidad ya que los socialistas no querían aparecer como opuestos al recibo por consumo real. Finalmente, el Concello decidió elaborar un estudio sobre las consecuencias del cambio y el coste que podría tener. Todo hace indicar que fue realizado por la propia Aqualia, motivo por el que la oposición no se lo tomó muy en serio.
Así seguían las cosas en febrero pasado, cuando PP y PSOE comenzaron a negociar el presupuesto de este año, en el que la oposición popular hizo bandera del recibo del agua.
Anteriormente, este tema había sido objeto de numerosos debates en los que se implicaron desde la Federación Vecinal al Valedor do Cidadán, ambos a favor de una modificación. A la vista de que el gobierno local no daba su brazo a torcer, se esperaba su aplicación cuando se convoque el nuevo concurso de adjudicación. Por este motivo la prórroga que decidió Caballero fue un jarro de agua fría.
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