El proyecto aprobado en la jornada de reflexión del 2011 avanza al ralentí
20 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Las protestas contra los desalojos en el parque Ofimático vuelven a estar de actualidad. El lunes se cortó el carril que une Alfonso Molina y el campus de Elviña, el martes hubo una protestas en el pleno y hoy está convocada una manifestación. Estas son las claves del conflicto.
El origen
Polémico inicio. El proyecto del parque Ofimático fue aprobado en la jornada de reflexión de las elecciones municipales del 2011, lo que fue muy criticado por el PP, que luego tuvo que hacerse cargo de gestionar la iniciativa. Pero la urbanización había sido presentada mucho antes, en octubre del 2006. La entonces concejala de Urbanismo, Mar Barcón (PSOE), anunció que las obras empezarían en primavera del 2007. No fue así. A esas alturas la iniciativa ya acumulaba tres lustros de retraso, Barcón culpó a la falta de compromiso de la Xunta del PP de esa demora.
El proyecto
Como si no hubiera crisis. El ambicioso plan fue concebido antes de que estallase la burbuja del ladrillo. Supondría una inversión de 42 millones de euros para la construcción de más de 2.000 pisos. Aunque el Ayuntamiento tiene participación en el proyecto, la mayor parte de la inversión depende de los promotores, incluyendo a las cooperativas y a los vecinos de la zona que fueron incluidos como tales. Ese sistema de cooperación, que nunca antes había sido empleado en la ciudad a tal escala, fue presentado como una gran novedad por la edila de Urbanismo, ya que permitía a los propietarios de la zona implicarse en el proyecto, pero finalmente esa solución ha causado otros problemas.
El arranque
Lento, pero con avances. El actual gobierno local ha dado pasos para culminar el proyecto, aunque no ha logrado evitar otro enorme retraso, ya que cuando se aprobó en el 2011 tenía un plazo de ejecución de 18 meses. Los problemas de la urbanización son múltiples, aunque el más evidente es el de rentabilidad. Los 2.000 pisos proyectados son hoy una propuesta mucho menos golosa que antes de la crisis económica.
El conflicto
Siete viviendas. Causas económicas aparte, lo que ha provocado las protestas son los vecinos que aún residen en la zona de obras. Quedan siete de las 43 familias que había en el área en el 2011. La mayoría cedieron sus parcelas al Ayuntamiento de forma voluntaria, pero con los que restan no se ha podido llegar a un acuerdo después de meses de manifestaciones y negociaciones. Las autoridades municipales han solicitado ordenes judiciales de entrada en domicilio para dos de ellas. Ya se la han concedido para la parcela número 6, y está a punto de ejecutarla, y todo indica que pronto recibirá la de la parcela número 138. Las otras cinco viviendas están situadas en las cercanías del concesionario SEAT de Alfonso Molina, al otro lado de la zona principal del obras. No afectan directamente al desarrollo de la urbanización, así que por el momento no se han solicitado autorizaciones similares.