Solo cuatro grandes firmas de transportes exigen a Hacienda más de 300.000 euros, a los que hay que sumar las peticiones de autónomos y sociedades más pequeñas
21 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El recargo en el impuesto de hidrocarburos, popularmente conocido como el céntimo sanitario, que fue declarado ilegal por los tribunales de la Unión Europea, tiene grandes afectados en la comarca barbanzana. Se trata de empresas y autónomos que se dedican al transporte y, dado que gastan mucho combustible, pagaron grandes cantidades de dinero por este tributo que acabó anulándose -sigue existiendo pero integrado en el impuesto especial de hidrocarburos-. Desde que la Justicia europea dijo que ese pago no estaba justificado, ellos, al igual que sus colegas gallegos y españoles, empezaron a mover ficha. Pero la mayoría aún no lograron que Hacienda les devuelva ni un solo euro. Las cantidades que se manejan son cuantiosas. Solo cuatro grandes firmas de transportes de la zona piden más de 300.000 euros.
Las chispas saltan al momento al pronunciar las palabras céntimo sanitario a empresarios del sector de los transportes. Tanto desde firmas como Genebrando Castro, de Outes, como desde Mapir, de A Pobra, Dito, de Ribeira o Transgonza, de Rianxo, insisten en la misma idea: les cobraron injustamente un tributo y ahora Hacienda no se está dando prisas para devolverles el dinero. De hecho, algunos de estos empresarios, que juntos suman 62 camiones en circulación, son pesimistas con respecto a que lleguen a reintegrarles todo lo que pagaron injustamente. «Eu vexo difícil que nolo devolvan», señala el outiense Carlos Castro. «Somos escépticos», añaden desde la citada firma rianxeira. Y, Segundo, Dito, Vilas, espeta: «O ano que ven hai eleccións, ao mellor temos sorte».
De distintos municipios
A mayores de ellos, y tal y como confirma Alberto Vila, coordinador de la Federación Galega de Transporte, en la comarca hay autónomos y sociedades de municipios como Porto do Son, Mazaricos, Noia, Boiro y Lousame que también presentaron reclamaciones a través de este colectivo. Se trata de empresas que tienen uno o varios camiones en circulación y que, en general, reclaman unos 5.000 euros por cada vehículo pesado en circulación. A mayores, por fuera de esta entidad, puede haber centenares de peticiones a Hacienda.