Sharon, salpicado en el juicio a un empresario por cohecho y soborno
INTERNACIONAL
La fiscal general del Estado estudia abrir una causa judicial contra el primer ministro El político afirmó que no dimitirá pese a las pruebas de la fiscalía, pero su partido baraja un sucesor
21 ene 2004 . Actualizado a las 06:00 h.El llamado caso Isla griega puede suponer la tumba política de Ariel Sharon. La policía judicial, que lleva tres años investigando la trama de este escándalo financiero, ha conseguido abrir un proceso judicial contra el empresario David Appel, promotor del proyecto Isla griega, que salpica de lleno al actual primer ministro y a su hijo menor, Gilad. El proceso, que se reabrió ayer en Tel Aviv, acusa a Appel de cohecho y soborno pero, ¿sobre quién y por qué? Todo apunta que sobre Ariel Sharon, ministro de Exteriores en 1999, para conseguir llevar a cabo un ambicioso proyecto inmobiliario-turístico en una isla griega que el empresario se proponía comprar. Appel contrató como consultor del proyecto a Gilad Sharon, el benjamín de los Sharon, un joven ingeniero agrónomo de 28 años sin experiencia financiera, que cobraría tres millones de dólares por sus servicios. El proyecto no prosperó, pero Appel pagó en su transcurso algo más de medio millón de dólares que, según la demanda, llegaron a la granja de Los Sicomoros, la casa de los Sharon en el desierto del Neguev. Sharon, que siempre ha negado todo vínculo con la operación, dijo ayer que no dimitirá pese a que las pruebas presentadas por la fiscalía han llevado a la fiscal general del Estado, Edna Arbel, a estudiar seriamente en las próximas dos semanas si abre un proceso judicial contra el primer ministro y su hijo. Dimisión Toda la oposición pide su renuncia. El laborista Abraham Shohat afirmó ayer que Sharon debería haber dimitido ya que «está contaminando la atmósfera». En su propio partido comienzan a barajarse posibles sucesores: el ministro de Hacienda, Benjamín Netanyahu, el de Exteriores, Silván Shalom, y el de Cultura, Limor Livnat. La ley israelí establece para estos casos siete días para que el presidente efectúe consultas, y decida entre los miembros del Parlamento el candidato para formar nuevo gobierno.