Para Taipei, la norma compromete las relaciones porque autoriza la guerra contra la isla El Gobierno de Pekín intenta prevenir las tentaciones de los separatistas isleños
14 mar 2005 . Actualizado a las 06:00 h.El Parlamento chino aprobó ayer por una aplastante mayoría una ley antisecesión que prevé el uso de la fuerza si Taiwán declara su independencia, y que Taipei calificó inmediatamente de autorización para hacer la guerra a la isla, y «una grave provocación por la que Pekín pagará el precio». El texto, criticado también por Estados Unidos y Japón, fue defendido por el primer ministro, Wen Jiabao, quien declaró que no era una «ley guerrera». La ley fue aprobada por 2.896 delegados de la Asamblea Nacional Popular (Parlamento), que confirma de esta manera ser sólo un eco de las decisiones del Partido Comunista en el poder. Ningún diputado votó en contra y sólo dos se abstuvieron. Poco después, el presidente chino, Hu Jintao, firmó un decreto que ya la hizo efectiva. Condiciones La norma prevé tres condiciones en las que el Estado deberá proteger la soberanía nacional y la integridad territorial por medios no pacíficos: si las fuerzas separatistas de Taiwán provocan una secesión de China, si un acontecimiento importante crea una separación o si las condiciones de una unificación pacífica desaparecen, precisa su artículo 8. Pero Pekín trata de prevenir cualquier tentación de los separatistas taiwaneses de crear un Estado distinto a China. En Taipei, el portavoz del Gobierno estimó que esta ley «equivale a autorizar la guerra» y agregó que «todos los taiwaneses se oponían a ella». Para el presidente taiwanés, Chen Shui-bian, compromete una mejoría de las relaciones bilaterales que se registró con los primeros vuelos directos en 55 años entre el continente y la isla en febrero pasado. Una de sus primeras medidas fue convocar una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, y anunciar que acudirá a las manifestaciones contra la ley china, previstas para el día 26 convocadas por el gobernante Partido Demócrata Progresista (PDP). Según la vicepresidenta Annette Lu, la ley viola un tratado sobre las relaciones con Taiwán adoptado en 1979 por Estados Unidos en el momento de su reconocimiento de China Popular, que «reposa en la espera de que el futuro de Taiwán sea determinado por medios pacíficos». Para el vicepresidente del Consejo de Asuntos Chinos, Huang Wei-feng, «esta ley niega la realidad de la soberanía de Taiwán, cambia el status quo en el estrecho de Formosa y da un cheque en blanco al Ejército chino para atacar la isla». El Consejo de Asuntos Chinos emitió también una declaración en defensa de Taiwán, que «sólo pertenece a los 23 millones de taiwaneses y sobre la que no tienen derecho alguno las autoridades chinas». Frente a las críticas, Wen Jiabao defendió que la ley «apunta a reforzar y a promover las relaciones de un lado y otro del estrecho de Taiwán». «No está dirigida contra la población de Taiwán y no es una ley para la guerra», abundó antes de precisar que «sólo encauzando y oponiéndose a las fuerzas separatistas de Taiwán puede garantizarse la paz en el estrecho de Taiwán».