Conde-Pumpido aboga por revisar los casos contra represores en España

La Voz AGENCIAS | LA VOZ

INTERNACIONAL

15 jun 2005 . Actualizado a las 07:00 h.

La anulación de las leyes de amnistía a militares de la última dictadura, cierra una página negra en Argentina, pero esta histórica decisión aleja también toda perspectiva de extradición de represores, reclamados por Francia, España, Alemania e Italia. Tras la anulación de las «leyes de perdon» se abre la posibilidad de juzgar a los represores en su país y aleja por tanto ser juzgados en países europeos. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, abogó ayer por analizar si sigue siendo necesaria la intervención de la Justicia española, después de que el Supremo argentino declarará inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Conde-Pumpido destacó el «avance importantísimo» dado con la reciente sentencia de 640 años de cárcel dictada por la Audiencia Nacional contra el argentino Adolfo Schilingo. Sin embargo, apuntó que «si la Justicia argentina, a través de las reformas legislativas procedentes, puede ser útil para resolver esos problemas, tendremos que examinar si sigue siendo necesaria la intervención de la Justicia española». Uno de los casos emblemáticos de petición de extradición a Europa es el del ex capitán Alfredo Astiz, el Ángel de la muerte , que reclama Francia e Italia. Pese a haberlo condenado a cadena perpetua en ausencia en 1990, París y Roma siguen reclamando la extradición de Astiz para juzgarlo, por el secuestro y muerte de dos monjas francesas y tres italianos.