La Justicia argentina anula los indultos a Videla y Massera

Los indultos que beneficiaban a los represores de la última dictadura militar en Argentina, el ex general Jorge Rafael Videla y el ex almirante Eduardo Emilio Massera, fueron declarados ayer «inconstitucionales» por la Cámara en lo Criminal Federal, en Buenos Aires. Con esta resolución, vuelven a tener vigencia las penas de cadena perpetua impuestas a los ex jerarcas militares en el marco de la causa en la que se investigaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar (1976-1983) en lo que denominó como «lucha contra el terrorismo durante el Proceso de Reorganización Nacional». En esa causa, llamada «causa 13», el mismo tribunal -aunque con diferentes miembros- condenó en 1985 a cadena perpetua a Jorge Videla, Emilio Massera y al ex brigadier Orlando Agosti; a 16 años de prisión al ex general Roberto Viola, y a 8 años al ex almirante Armando Lambruschini. Viola y Lambruschini cumplieron su condena y ya fallecieron, lo mismo que Agosti. En tanto que Videla está preso por el robo sistemático de hijos de desaparecidos y Massera fue declarado incapaz y permanece ingresado en un centro médico. Los indultos en favor de los miembros de las Juntas los había firmado Carlos Menem el 30 de diciembre de 1990. Habían escapado hasta ahora a la anulación en el 2005 de las llamadas Leyes del Perdón. Según el fallo los jueces consideraron que «los hechos por los que fueron condenados Videla y Massera resultan insusceptibles de perdón». Asimismo, entendieron que «existe una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y que consiste en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos». Precedentes Ambas salas de la Cámara en lo Criminal Federal ya habían declarado -en las causas de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) y del I Cuerpo de Ejército- la inconstitucionalidad de dos de los diez decretos de indulto firmados por Carlos Menem entre 1989 y 1990. Pero ésta es la primera vez que se invalida una norma dictada en beneficio de condenados, ya que en los anteriores casos se analizó la situación de procesados sin condena. Aunque sea quizá la medida de mayor valor simbólico contra los indultos, la decisión de la Justicia tiene, sin embargo, escasas consecuencias en la práctica ya que sólo incidirá en la situación procesal de Videla. La Cámara resolvió remitir las actuaciones al Juzgado Nacional de Ejecución Penal que corresponda, con el objeto de que se continúe con la ejecución de la pena privativa de la libertad que se le impuso a Videla y Massera. Estela de Carlotto, fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo, fue la primera en reaccionar ante el fallo: «Por fin se están poniendo las cosas en su lugar, aunque un poco tarde se está haciendo justicia».

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