Suiza anunció ayer que estaba dispuesta a cooperar con el Banco Mundial (BM) y la ONU para ayudar a recuperar las fortunas acumuladas de modo ilícito por ex dictadores de países en vías de desarrollo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores helvético indicó que el país tiene «todo el interés en impedir que fondos de origen criminal culminen en su sistema financiero», por lo que el Gobierno suizo ya había planteado una medida parecida en el 2001 con el «proceso de Lausana», que preconiza el diálogo entre países a ese respecto.
Las autoridades helvéticas han devuelto cerca de 1.600 millones de dólares (unos 1.150 millones de euros) que correspondían a cuentas vinculadas a antiguos dictadores o responsables políticos, como el ex presidente filipino Ferdinand Marcos, el ex asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos y el ex dirigente nigeriano Sani Abacha.
Además, mantiene bloqueados ocho millones de francos suizos (más de 5 millones de euros) de cuentas del antiguo dictador de Zaire (República Democrática del Congo), Mobutu Sese Seko, y 7,6 millones de francos (4,6 millones de euros) del también ex dictador Jean-Claude Duvalier, «Baby Doc», de Haití.
Las claves del proyecto StAR
El proyecto de la ONU y el BM para la recuperación de activos robados fue presentado el lunes como iniciativa StAR. Su objetivo es devolver a los países de origen el dinero que es producto de la corrupción. Los activos recuperados tendrán que se utilizados para programas sociales, educación e infraesttructuras.
Los Estados africanos pierden anualmente, debido a la corrupción, un 25% del producto interior bruto.
Para poder llevar a cabo la nueva medida, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió una especial «colaboración entre los países desarrollados y en desarrollo», basada en lograr mejoras en cuanto al buen gobierno y la rendición de cuentas en estos, y que los países industrializados dejen de brindar refugios seguros para el producto del robo.
Aquí es donde entra en acción Suiza, que seguirá siendo -pero ahora con el apoyo de la ONU y el BM -el encargado de bloquear y confiscar las cuentas para transmitirlas al país de origen, tras haber recibido una demanda judicial del Estado afectado. Sin embargo, Suiza no dispone de medios de coacción para que los fondos devueltos no sean usados con fines ilícitos de nuevo. Así, se hace un llamamiento a los Estados para que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que, dentro del G-8, Alemania, Canadá, Italia y Japón no han hecho.