El ministro de Justicia italiano, Clemente Mastella, presentó ayer su dimisión, por el arresto domiciliario de su mujer, acusada de tráfico de influencias dentro de una investigación en la que también él está siendo investigado. Además ayer trascendió que se le atribuyen siete imputaciones distintas. El jefe del Ejecutivo, Romano Prodi, se apresuró a rechazar la dimisión por miedo a una crisis política, dada la debilidad de la coalición de centroizquierda en el Gobierno. El anuncio de la dimisión tuvo lugar en la Cámara de Diputados. En su discurso, en vez de hacer balance del año anterior, el ministro comunicó que «tiraba la toalla porque», dijo, «entre el amor a mi familia y el poder, elijo la familia». Después pasó a un duro ataque contra la magistratura, y se consideró víctima de una «trampa mediática y judicial». Después se fue a su pueblo a pensar si va a hacer efectiva la dimisión. Su esposa, Sandra Lonardo, presidenta del Consejo Regional de la Campania (región de Nápoles), ha sido acusada de corrupción política en el marco de una investigación sobre la sanidad pública al haber pedido, supuestamente, favores al director del hospital de Caserta. Además, han sido detenidos su consuegro, el alcalde de Benevento, y 23 cargos públicos, asesores y funcionarios, muchos de ellos del Udeur, el partido de Mastella. Clemente Mastella ya fue ministro de Trabajo con Berlusconi. Es uno de los herederos de la extinta Democracia Cristiana y juega un papel determinante en el frágil equilibrio que mantiene a Prodi al frente del Gobierno desde el 2006. El Udeur tiene solo el 1,4% de los votos, pero cuenta con tres escaños en el Senado, donde la coalición gubernamental mantiene una estrecha mayoría. Si este pequeño partido retira su apoyo, el Gobierno entraría en serios aprietos. Las diferencias de Mastella con la magistratura han provocado incluso polémicas en el Gobierno, como la que tuvo con el también ministro Antonio Di Prieto, uno de los jueces que en los años noventa destapó el escándalo Tangentópolis. Mastella está siendo investigado también por la Fiscalía de Catanzaro, por enriquecimiento ilegal de empresas.