El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer por catorce votos a favor y la abstención de Indonesia una tercera ronda de sanciones económicas, comerciales y diplomáticas contra Irán por su negativa a suspender sus programas nucleares.
El texto fue impulsado por los cinco miembros permanentes -Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia- más Alemania, tal y como lo acordaron el 22 de enero en Berlín. Básicamente, amplía las sanciones que pesan sobre Teherán desde hace 15 meses.
Así, aumenta la lista de individuos y entidades a los que se les congelan sus bienes y se les prohíbe viajar al extranjero por sus vínculos con el programa nuclear iraní, y pide a la comunidad internacional vigilar todas las transacciones financieras que realicen con dos importantes entidades financieras iraníes, los bancos Melli y Saderat.
También autoriza a registrar todos los cargamentos, por tierra o aire, que entren o salgan de Irán y puedan ser sospechosos de contener material.
Al igual que hicieran las resoluciones anteriores, urge a Irán a suspender sus actividades de enriquecimiento y reprocesamiento de uranio antes de los próximos tres meses. De lo contrario, la República Islámica será sometida a nuevas sanciones. Asimismo, señala que sigue encima de la mesa el paquete de incentivos ofrecidos a Irán en junio del 2006 si decide detener dichos programas.
Teherán negó, una vez más, las acusaciones acerca de que busca armas nucleares, y tal y como ha hecho en ocasiones anteriores ignorará esta resolución, que calificó de ilegal e injustificada al defender su derecho a dotarse de programas nucleares con fines pacíficos y civiles.
Desde Viena, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Mohamed el Baradei, instó horas antes a Irán a cooperar con el Consejo de Seguridad de la ONU para restablecer la «confianza perdida». En su informe presentado el lunes a la junta de gobernadores, indica que si bien Irán ha hecho progresos y está colaborando con los inspectores, esto no es aún suficiente.