En la década de los noventa, los tarijeños descubrieron que vivían sobre las segundas reservas de gas de Latinoamérica. La llamada Andalucía boliviana -con su propio río Guadalquivir surcándola de norte a sur- se convirtió en una suerte de Kuwait andino, donde el presupuesto local pasó de 7 a 300 millones de dólares.
Con más de un billón de metros cúbicos de reservas en su subsuelo, alimentan los mercados de Argentina y Brasil y constituyen la principal fuente de ingresos del país, concretamente cerca del 13% de los recursos al PIB boliviano. En sus pozos operan la compañía hispanoargentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras.
La riqueza del gas le ha permitido a Tarija -con una población de 391.226 habitantes- vivir una bonanza económica, que en cambio no ha llegado a la mayoría de su población, que cuestiona a la gobernación con la pregunta de «¿dónde está la plata?» y acusa a su dirigente, Mario Cossío, de ser un corrupto. Las cifras hablan: la pobreza se ha reducido del 71% al 51%, pero en las zonas rurales sigue por encima del 90%.
Por eso muchos de los que votaron ayer sí a la autonomía, optarán por echar al gobernador Cossío en el referendo revocatorio del 10 agosto. Ese es por lo menos la intención de los diputados de la agrupación ciudadana Poder Democrático y Social (Podemos), Wilmar Cardozo y Rodrigo Paz.