En Londres se exige ya una Constitución escrita, en la que se limiten los poderes del Gobierno, tras el escándalo de las dietas
24 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.«En el Reino Unido tenemos un grave problema, nuestra democracia nunca se ha visto amenazada desde el siglo XVII», indicaba hace unos días un periodista de la cadena BBC. Como ocurre con la monarquía, la democracia es una institución que la mayoría de los británicos no cuestionan, no ponen en duda su salud o su continuidad. Al menos hasta hace diez días, cuando un periódico británico desveló el escándalo de los gastos que ha llevado a la House of Commons, la Cámara de los Comunes, al caos, a su descomposición, destruyendo la reputación de sus políticos y arrojando por primera vez entre los británicos la semilla de una duda: ¿es correcto el modelo de democracia que tenemos?
Fue el The Daily Telegraph , que se atrevió a pagar los 330.000 euros que pidió John Wick, la persona que entregó al rotativo el cedé con los datos de los gastos de los parlamentarios de los últimos cuatro años, sus abusos, sus gastos injustificables y en algunos casos las artimañas empleadas, aunque legales, para beneficiarse del dinero de los contribuyentes, que, pasmados, fueron testigos de la escasa moral y honestidad de sus políticos.
El caos en la madre de las democracias había estallado. Entre los primeros identificados figuró el propio primer ministro, Gordon Brown, que pagó a su hermano unos 7.000 euros por servicios de limpieza de su piso privado en Westminster; o el ministro de Justicia, Jack Straw, que había pasado gastos irreales de su hipoteca y del pago del IBI inglés (impuestos de bienes inmuebles); o lord Mandelson, el secretario de Comercio, que había presentado gastos de miles de libras en mejoras en su segunda vivienda, tras lo cual la vendió obteniendo un beneficio de unos 1145.000 euros.
Una larga lista
A estos se unían en días sucesivos otros miembros del Gabinete laborista, como la ministra de las Comunidades, Hazel Blears; el de Exteriores, David Miliband; el de Irlanda del Norte, Shaun Woodward, y barones del partido como el que fuera vice primer ministro con Tony Blair, John Prescott, que pasó los gastos de dos váteres para la misma propiedad.
La mayoría de los gastos injustificables se produjeron en el llamado Additional Costs Allowance (ACA), Subvenciones por Costes Adicionales, que engloba el dinero destinado a sufragar los costes de una segunda vivienda por causas políticas, ya sea alquiler, pago del interés de las hipotecas, o recibos de hotel. La mayoría de los parlamentarios lo utilizan para adquirir una segunda vivienda. De los 586 parlamentarios que pidieron este tipo de subvención en el 2007, más de la mitad reclamaron el 90 por ciento de los 25.000 euros anuales destinados a este propósito por escaño.
El punto más grave de la crisis se produjo cuando The Daily Telegraph publicó que el presidente de los Comunes, Michael Martin, había aprobado muchas de las reclamaciones más polémicas. El pasado martes, tras resistirse el día anterior a las peticiones de dimisión y ser visitado durante la noche por Gordon Brown en su vivienda privada, Martin presentaba su dimisión, que será efectiva el próximo mes. Era la primera vez que los Comunes forzaban a su speaker a dimitir desde 1695.
La crisis de confianza en la política ha sido de tal magnitud en el Reino Unido que se han oído con fuerza voces exigiendo ya una Constitución escrita, en la que se limiten los poderes del Gobierno y se establezcan los derechos de los votantes.