A toda velocidad, para acabar antes de que den comienzo las causas que Silvio Berlusconi tiene pendientes con la Justicia, todo su Gobierno se ha puesto a trabajar en un proyecto de ley que permita reducir los plazos de los procesos judiciales. Según adelantaba ayer el subsecretario de Presidencia, Paolo Bonaiutti, hoy mismo podría llegar al Senado el decreto ley en el que ha trabajado el equipo técnico que coordina el abogado y senador Niccoló Ghedini.
En los borradores que han llegado a la prensa se establece que los procesos judiciales de personas sin antecedentes penales no podrán durar más de seis años, divididos en dos años para el primer grado, dos para la apelación y otros dos para el Supremo. Aunque podría parecer una solución para atender las numerosas peticiones del Consejo de Europa, que siempre ha acusado a la Justicia italiana de extrema lentitud, el primer beneficiario será el propio Silvio Berlusconi, que con estas nuevas reglas vería el proceso sobre el caso Mills, en el que está imputado por corrupción, automáticamente prescrito, si se cuenta el día que se envió a juicio. Si se considera la primera audiencia, prescribiría el 13 de marzo del 2010. Lo mismo ocurriría con el caso Mediaset, en el que está acusado de fraude fiscal.
Inmunidad perdida
Muy crítica se muestra toda la oposición, que aún estando de acuerdo con la necesidad de reformar la Justicia italiana, acusa al Gobierno de pretender tan solo proteger a Berlusconi de sus causas pendientes, una vez que el laudo Alfano , que aseguraba su inmunidad, fue declarado anticonstitucional. Para el centrista Pierferdinando Casini, de UDC, con esta ley prescribirán muchos de los procesos pendientes. Mientras, Italia de los Valores acusa al centroderecha de pasar de los verdaderos problemas de la Justicia, según ha manifestado el senador Felice Belisario.
En un artículo publicado ayer en La Stampa , el abogado penalista Carlo Federico Grossi explica que la ley solo será una verdadera reforma de la Justicia si va acompañada de una mejora de los medios y de la actual organización judicial, lo que no parece presente en el proyecto.