Familiares de las víctimas exigen que Juppé declare por el atentado de Karachi
INTERNACIONAL
Los familiares de las víctimas del atentado del 2002 contra ingenieros franceses en Karachi solicitarán ayer que el juez llame a declarar a Alain Juppé, primer ministro en 1995 cuando el entonces presidente Jacques Chirac decidió cerrar el grifo de las comisiones ilegales a responsables paquistaníes por un contrato de submarinos galos.
Recién nombrado ministro de Defensa, Juppé negó ayer que se estén ocultando documentos a la Justicia para aclarar si el ataque tuvo que ver con el fin de las comisiones. En contra de lo ya reconocido por otros compañeros del Gobierno de entonces, negó haber tenido información sobre el pago de sobornos, aunque reconoció que era algo habitual en los contratos de armamento.
Nicolas Sarkozy, ministro de Presupuesto y portavoz cuando Edouard Balladur alimentó presuntamente su presupuesto para su campaña electoral a las presidenciales con las comisiones ilegales que volvían de Pakistán, se comprometió el sábado a facilitar «en tiempo y hora» todos los documentos que pudieran ayudar a la Justicia.
«Una confesión»
A Magali Drouet, hija de uno de los once franceses que murieron en la explosión de un coche bomba, las declaraciones del presidente le suenan a «una confesión», porque «reconoce que existen documentos que interesan a la investigación y que aún no han sido entregados».
Desde el Partido Socialista, el portavoz Benoît Hamon también concluye que el actual jefe del Estado admitió «que un cierto número de documentos no han sido desclasificados». Los socialistas recuerdan también que el presidente de la Asamblea Nacional, Bernard Accoyer se ha negado hasta ahora a facilitar a los jueces la transcripción de las audiciones de la comisión parlamentaria que investigó el atentado y que cerró sus conclusiones el pasado mes de mayo.
Posible represalia
La Justicia sigue la pista de una posible represalia paquistaní cuando dejaron de llegar los sobornos de la compañía Dirección de Construcciones Navales. Entonces secretario general del Elíseo, Dominique de Villepin reconoció el viernes que las comisiones ilegales existían y Chirac ordenó acabar con ellas sin imaginar que esta decisión pondría en peligro la vida de los ingenieros franceses que trabajaban en los astilleros militares. Charles Millon, ministro de Defensa en la época, fue el primero en ofrecer esta versión ante el juez.
Ayer Villepin descartó que la decisión de Chirac de suspender las comisiones estuviera vinculada al atentado contra los ingenieros franceses.