El fundador de Wikileaks es el hombre del momento en EE.?UU. Mientras los medios de comunicación de medio mundo van desvelando los cables filtrados y sacando a la luz informaciones que deberían, como mínimo, abochornar a muchos políticos que gestionan el globo, las miradas se centran, sin embargo, en el mensajero.
Wikileaks se limitó a difundir los cables que alguien sustrajo de los archivos estadounidenses. No hay una sola indicación que demuestre que el portal de Assange esté implicado en esa sustracción. Pero así y todo, la maquinaria funciona contra el australiano. El fiscal general, Erik Hoder, ya anunció el pasado lunes que su departamento ha iniciado una investigación penal para procesar a los responsables. Preguntado sobre si Assange podría ser juzgado, Holder respondió que sí, que se perseguirá «a todos aquellos que hayan infringido las leyes estadounidenses». Pero a pesar de las palabras de Holder, los expertos en EE.?UU. no parecen muy seguros de que sea posible perseguirlo. No están seguros, siquiera, sobre si la publicación es un delito en un país en el que la libertad de expresión está plenamente garantizada.
Ayer mismo, la principal asociación de defensa de los derechos humanos estadounidense, la ACLU, emitió un comunicado en el que asegura que «perseguir a Wikileaks no sería distinto de perseguir a los medios de comunicación que también han publicado los documentos secretos».
Todo indica, sin embargo, que el Gobierno estadounidense está analizando si podría encausar a Assange bajo la Ley de Espionaje, una norma aprobada en 1917 que prohíbe la retención o transmisión no autorizada de documentos secretos de Defensa. Algunos expertos creen que esa ley no serviría en este caso, ya que especifica que las acciones deben tener el objetivo de perjudicar a EE.?UU. Y Assange ha dejado claro en todas sus comunicaciones que su único fin es la transparencia.
La otra posibilidad que se analiza es que el Gobierno de Obama estaría intentando el procesamiento de Assange por incumplir un aviso en el que se le advertía que debía devolver y no publicar los documentos en su poder. Dos abogados del Ejecutivo escribieron a Assange avisándole de ello antes de que Wikileaks publicara los cables.
Mientras tanto, Estados Unidos está centrado en impedir nuevas filtraciones. El nombramiento del experto en la lucha contra el terrorismo, Russell Travers, como asesor para el Acceso a la Información y Política de Seguridad, ha puesto en marcha la maquinaria para desarrollar opciones, tanto tecnológicas como políticas, que las impidan.