Entre que no se produjo el milagro económico que se esperaba, que los generales que sobrevivieron a Mubarak no llevaron a cabo el corte radical con su régimen que se les demandaba y que la policía no se desprendió de los hábitos represivos aprendidos durante la dictadura se han creado condiciones para un estallido en Egipto que hace recordar los que vivió al empezar el año. Nace de un hecho puntual, la dureza con que son perseguidos los activistas más comprometidos con el espíritu de la revolución de febrero, que sin embargo confirma una impresión muy extendida: la de que los militares se desviaron del mandato de la plaza Tahrir.
Es cierto que, si se compara con lo que han hecho otros Ejércitos de la zona, el de Egipto merece el beneficio de la duda. En los algo más de cinco meses transcurridos desde la caída del rais han dado bastantes pasos bien encaminados como la aprobación de una Constitución que limita los mandatos presidenciales, la disolución de vestigios de la dictadura como los consejos municipales, la convocatoria de elecciones parlamentarias o la condena de algunos exministros especialmente venales.
Sin embargo, empiezan a computar más, o parecen más graves, los desaciertos que ensombrecen esos avances: las atribuciones que se autootorgaron para aumentar sus prerrogativas al margen de la Constitución o la sensación de que actúan al unísono con los Hermanos Musulmanes para obstaculizar el paso a los partidos aconfesionales y de signo más liberal. Si a eso se añade la lentitud con que quieren llevar ante los tribunales al déspota depuesto y su familia, se entiende que los que más apostaron por eliminar los viejos poderes de Egipto se sientan cada vez más defraudados.