Cinco meses después de que el primer Patriot impactase en suelo libio, la guerra contra Gadafi se encuentra en punto muerto. El dictador ya no puede aspirar a ganar la contienda, pero los rebeldes tampoco pueden dar por hecha su victoria, en parte porque no tienen fuerza suficiente para echar a su bestia negra, en parte porque las limitaciones impuestas por la resolución de la ONU a las potencias que intervienen les impide sentenciar, pero sobre todo porque, tras una primera oleada de deserciones, el régimen ha resultado ser más rocoso de lo que se suponía al principio.
Se da la paradoja de que esta resistencia puede tener su origen en uno de los instrumentos utilizados para doblegarla y que perseguía decantar la batalla del lado de Bengasi: la decisión del Tribunal Penal Internacional de procesar al tirano y a su círculo más cercano por crímenes de guerra. Según el analista que reparó en este hecho, George Friedman, la aplaudida medida del fiscal Ocampo habría tenido el efecto indeseado de hacer prácticamente imposible cualquier negociación que se entable al suprimir las garantías que podrían ofrecérsele a Gadafi y los suyos a cambio de que se retiren.
Es claro que, ante la expectativa de acabar en el banquillo de los acusados de La Haya, como le ocurrió a Milosevic, prefieren prolongar su agonía con la esperanza de que los países de la OTAN que cargan con el peso de la ofensiva acusen la fatiga, sigan el ejemplo de Italia y acaben aflojando la presión. Esto oscurece la salida de la guerra y obliga a tomar con cautela la hoja de ruta diseñada en Estambul: pedirle a Gadafi que se vaya al mismo tiempo que se le emplaza a responder ante la justicia internacional solo le dará motivos para impedir que caiga Trípoli.