El instructor pregunta al fiscal si debe imputar a Bush y a la cúpula militar
14 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Casi tres años después de que el juez Garzón hubiese admitido a trámite una querella presentada por el ceutí conocido como el talibán español y otros tres expresos de Guantánamo contra el presidente George W. Bush y otros altos cargos de su Administración por torturas y crímenes de guerra en la base de EE.UU. en Cuba, la Audiencia Nacional se muestra dispuesta a seguir adelante con la causa.
Justo cuando se cumplen diez años de la llegada del primer preso a esa prisión, el juez Pablo Ruz, actual titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, hizo público ayer un auto en el que reafirma la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos denunciados, que califica como crímenes de guerra y delitos de tortura. En el mismo auto pide a la Fiscalía que informe «acerca de las personas contra quienes entienda pertinente dirigir la acción penal como presuntos responsables de los hechos objeto de investigación, concretados en los padecimientos sufridos por los cuatro querellantes personados».
La querella interpuesta por el ceutí Hamed Abderrahman Ahmed y el marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, a la que posteriormente se sumaron otros dos exdetenidos -Abdul Latif al Banna y Omar Deghayes- personados en la causa, iba dirigida contra Bush y otros altos cargos de su Administración: el vicepresidente Richard Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y los generales Michael Lehner y Geoffrey Miller, responsables del campo de detención.
Principio de subsidiariedad
El magistrado aplica la jurisdicción universal y resalta el vínculo de conexión relevante de las víctimas con España, ya que son ciudadanos españoles o con nacionalidad marroquí pero con arraigo y residencia en nuestro país. Aplica el principio de subsidiariedad -que los hechos no haya sido o estén siendo investigados en el país donde ocurrieron- exigido por el Pleno de la Sala de lo Penal, una vez que la Fiscalía cuestionó la competencia de la justicia española.
La reactivación de una causa que irritó profundamente a las autoridades norteamericanas, como pusieron de manifiesto los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, se produce dos años después de que Washington, a través de su embajada de Madrid, hiciera oídos sordos a las cinco providencias enviadas desde el año 2009 hasta septiembre pasado para que informasen si la Justicia de aquel país había investigado o abierto alguna causa judicial sobre los hechos.