La fuga de 131 presos por la puerta grande de una prisión la semana pasada en México no tiene nada de fortuito: seis de cada diez penales mexicanos son gobernados por el crimen organizado, que los ha convertido en bastiones fuera de la ley y en centros de reclutamiento. Así lo señala un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, un organismo público autónomo, a dos meses de terminar el sexenio del presidente Felipe Calderón, marcado por la lucha contra los cárteles de la droga.
Corrupción de funcionarios, fugas masivas, asesinatos, prostitución, tráfico de drogas, organización de secuestros y extorsiones que se cometen en el exterior: ninguno de estos fenómenos es novedad. «El deterioro en los últimos años es innegable, como lo demuestran las fugas, las riñas, los autogobiernos así como las agresiones contra el personal de los centros», señala el presidente de la Comisión, Raúl Plascencia.
La pérdida de control por parte de las autoridades se ha extendido ahora a la mayoría de las prisiones y los detenidos. En los dos últimos años, 521 prisioneros han escapado en 14 fugas. Se han registrado también 352 homicidios y las autoridades carcelarias parecen incapaces de hacer frente a la violencia en las prisiones. Las formas de «autogobierno» por parte de los presos incluye la venta de servicios de protección, de alimentos y de teléfonos celulares.
El informe fue realizado tras la visita a cien prisiones de las 419 con las que cuenta México y es representativo pues incluye a las que albergan a un 75% de la población carcelaria. En algunos casos los representantes de la Comisión no pudieron entrar a las cárceles por motivos de seguridad.