El nuevo fiscal general eleva a 70.000 los muertos en la guerra contra las drogas
19 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El nuevo fiscal general de México, Jesús Murillo Karam, cifró ayer entre 60 y 80 el número de cárteles de la droga pequeños y medianos que existen en su país, generalmente más violentos, y criticó la estrategia del anterior Gobierno por considerar que no atacó de raíz a los grupos criminales.
La estrategia del Gobierno de Felipe Calderón se dirigió a segar las cabezas pero no atacó de raíz a los grupos criminales, lo que generó que los segundos en la cadena de mando, generalmente más violentos que sus anteriores jefes, ascendieran o crearan otras organizaciones independientes que extendieron sus actividades a una «cantidad enorme de delitos», afirmó Murillo.
Además de las pequeñas y medianas bandas, en México actúan grandes grupos criminales y de las drogas como el de Sinaloa, del Golfo y el de Los Zetas. «Estamos identificando geográficamente su zona de influencia», y por eso el nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, modificó la política de seguridad con un enfoque regional «para poder tener una estrategia más concentrada», basada en inteligencia y objetivos claros, explicó.
El fiscal consideró «urgente crear un sistema de inteligencia que permita combatir» a las mafias con instrumentos más modernos, más tecnología y ciencia, así como asegurar el control del territorio nacional y darle certeza a la ciudadanía de que está siendo protegida. Ello permitirá no solo detener a los criminales, sino integrar mejor la investigación y llevarlos «adecuadamente» ante la justicia «para que la impunidad no siga creciendo».
En la nueva estrategia también consideró fundamental tener instituciones creíbles, confiables, transparentes, que actúen apegadas a la ley.
Murillo Karam consideró que al Gobierno anterior le faltó «sentarse, planear y actuar de otra manera» en materia de seguridad». «La manera no fue la adecuada», sentenció. Como consecuencia, el saldo fue de alrededor de 70.000 muertes causadas por la violencia vinculada con el crimen organizado y unos 9.000 cuerpos sin identificar, afirmó el fiscal, aunque admitió que se desconoce «el número preciso».
Según aseguró, el Gobierno de Felipe Calderón dejó de contabilizar las muertes en septiembre de 2011, cuando divulgó la cifra de 47.515.