Anoche empezó el juicio contra él por malversación, sobornos y abuso de poder
22 ago 2013 . Actualizado a las 10:22 h.El exdirigente chino Bo Xilai ha negado haber aceptado sobornos del empresario Tang Xiaolin, como se le acusa en el juicio que comenzó hoy contra él en la ciudad de Jinan por malversación, sobornos y abuso de poder.
En un añadido al texto de su declaración que ha colgado el Tribunal Intermedio de Jinan (este de China) en su cuenta de Weibo (similar a Twitter), Bo Xilai indicó que se había declarado culpable previamente de ese cargo «sin querer».
«No es cierto que Tang me diera tres veces dinero», como figura en el pliego de cargos, señaló Bo Xilai en la transcripción difundida por el tribunal.
Según esta declaración, «admití sin querer el cargo de aceptar tres veces dinero durante el proceso de investigación que me abrió el Comité de Disciplina Interna del Partido» Comunista tras su caída en desgracia. «Dije que quería asumir la responsabilidad legal, pero entonces mi mente estaba en blanco y desconocía los detalles», explicó.
En un texto previo también colgado en la cuenta de Weibo del tribunal, Bo Xilai indicó que esperaba que «los jueces puedan celebrar el juicio de una manera razonable y justa y sigan los procedimientos legales de nuestro país». La vista ha quedado suspendida durante una hora para una pausa para el almuerzo y se retomará a partir de las 06.00 GMT.
Aunque no se ha permitido la entrada en la sala del tribunal a la prensa extranjera, las imágenes difundidas por la corte, las primeras de Bo Xilai desde su caída en desgracia hace un año y medio, muestran al exdirigente vestido con una camisa blanca y pantalón negro, más delgado y con gesto de cansancio. Lleva el cabello muy corto y está afeitado: algunas informaciones aseguraban que durante su detención había dejado de cortarse la barba en señal de protesta.
Entre los cargos que se han detallado contra Bo Xilai en el juicio de hoy se encuentra el de haber recibido sobornos por valor de 21,8 millones de yuanes (unos 3,5 millones dólares) entre 2000 y 2012 de dos empresarios de Dalian, Tang Xiaolin y Xu Ming.
Bo Xilai, según la acusación, recibió estos sobornos bien directamente o bien a través de su esposa, Gu Kailai, y su hijo, Bo Guagua. El pliego de cargos también incluye el haberse apropiado de cinco millones de yuanes (más de 800.000 dólares) en fondos públicos para un proyecto clasificado, y el abuso de poder entre 1999 y 2006 como alcalde y secretario general del Partido Comunista en la ciudad de Dalian y como ministro de Comercio «para beneficiar a otros».
Entre enero y febrero de 2012, cometió una «serie de actos» de abuso de poder como secretario general del Partido Comunista de la ciudad de Chongqing (centro) tras ser informado de las sospechas en torno a Gu por la muerte del empresario británico Neil Heywood.
El juicio se desarrolla bajo un fuerte dispositivo de seguridad, si bien a pocos metros de la puerta principal del tribunal decenas de defensores de Bo protestaban con gritos y vítores por lo que consideraban un juicio injusto y no independiente.
Se espera que la vista, presidida por el juez Wang Xuguang, tenga una duración de dos días, aunque el veredicto no se conocerá hasta septiembre, según la televisión estatal CCTV.
Se ha permitido el acceso a la galería pública del tribunal a 110 personas, entre ellas cinco miembros de la familia de Bo, según la agencia de noticias china Xinhua.
Bo Xilai, que hasta marzo del año pasado soñaba con llegar al Ejecutivo central chino, se sienta en el banquillo de los acusados a consecuencia del escándalo surgido como consecuencia de la muerte en noviembre de 2011 del empresario británico Neil Heywood.
En febrero de 2012, la «mano derecha» de Bo Xilai, Wang Lijun, quien cumple quince años de cárcel por su participación en el caso, hizo saltar la liebre al buscar asilo en un consulado estadounidense y revelar la implicación de Gu en esa muerte, atribuida hasta entonces a la bebida en exceso.
Bo Xilai fue destituido en marzo y Gu, juzgada en agosto del año pasado, fue sentenciada a pena de muerte, con la posibilidad de que se le conmute por cadena perpetua en dos años.