El número dos de Kirchner declara como imputado en un caso de corrupción

La Voz AFP | EFE

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Según el auto de citación, el vicepresidente argentino está acusado de comprar una imprenta de billetes en el 2010 mientras era ministro de Economía aprovechando así su condición de funcionario público

09 jun 2014 . Actualizado a las 22:59 h.

Amado Boudou se convirtió este lunes en el primer vicepresidente de Argentina en ejercicio que declara como imputado, en una causa por la compra sospechosa de una empresa monopólica de impresión de billetes cuando era ministro de Economía en el 2010. Rodeado de decenas de fotógrafos, llegó al tribunal de Buenos Aires «con mucha tranquilidad» y «a decir la verdad», según explicó a la prensa.

Según el auto de citación firmado por Lijo, el vicepresidente está acusado de haber comprado, junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica en septiembre de 2010, cuando Boudou estaba al frente del Ministerio de Economía argentino.

«No tengo ninguna estrategia (de defensa)», aclaró Boudou a la salida de su casa en el exclusivo barrio de Puerto Madero, en el corazón de Buenos Aires, ubicado a unos diez minutos en automóvil de los tribunales de Retiro. «Yo podría no haber ido, no presentarme a declarar, pero yo voy a ir, voy a decir la verdad», reiteró el vicepresidente, quien en los últimos días ha contado con el apoyo inequívoco de los más altos portavoces del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner.

«Fuerza Amado, creemos en vos», rezaban carteles enarbolados por decenas de militantes de «La Cámpora», la agrupación juvenil kirchnerista que se manifestó ante los tribunales en respaldo al vicepresidente, quien respondió con los dedos en señal de victoria, un tradicional saludo peronista.

Boudou hizo un pedido de última hora la mañana del lunes para que el juez Ariel Lijo, que entiende en la causa, le permitiera prestar declaración con un camarógrafo para poder difundirla, pero le fue denegado al inicio de la audiencia, según informó una fuente judicial. La semana pasada el magistrado había rechazado otro pedido de Boudou para que la audiencia fuera transmitida en vivo. «Sería muy bueno tener transparencia y visibilidad respecto de esta causa de la que se ha hablado mucho. Es una excelente oportunidad para que el pueblo tome conocimiento de todas las razones y la Justicia y un juez puedan actuar sin presiones de ninguna naturaleza», señaló el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

El interrogatoio empezó después de las 11 horas y se calcula que podría durar varias horas. Esta declaración buscará aclarar si Boudou «aprovechó su condición de funcionario público» para favorecer a la empresa impresora de papel moneda. En los próximos días, otros seis imputados en la causa prestarán declaración indagatoria hasta el 13 de junio, tras lo cual el juez tiene 10 días hábiles para decidir el procesamiento o no de los imputados, indicó el centro de información judicial (CIJ) que depende de la Corte Suprema Argentina.

Respeto al proceso judicial

Mientras tanto, el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, pidió que se respete «el debido proceso» judicial al vicepresidente y que no se saquen conclusiones apresuradas. «Muchas veces los medios generan prejuzgamiento, juzgamiento, juicio sumarísimo, condena y sentencia. Eso no es apropiado en un sistema republicano, que tiene que tener publicidad de actos, pero también un debido proceso», subrayó Capitanich en su rueda de prensa diaria. El jefe de Gabinete explico que «debemos aguardar el debido proceso y el desenvolvimiento de las instituciones de la República».

Boudou, de 51 años, dejó la cartera de Economía tras las elecciones de 2011 para ocupar la Vicepresidencia, pero las denuncias por su presunta implicación en escándalos de corrupción eclipsaron su carrera e hicieron que Fernández lo colocara en un discreto segundo plano. Se trata de la primera vez que un vicepresidente del Gobierno en ejercicio es llamado a declarar como imputado ante los tribunales en Argentina desde el retorno a la democracia, en 1983, lo que supone un duro golpe para el Ejecutivo argentino.