La investigación a la presidenta por casos de corrupción desata denuncias y descalificaciones contra jueces y fiscales
20 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El del fiscal Alberto Nisman es el último episodio del enfrentamiento contra el poder judicial al que se lanzó el Ejecutivo de Cristina Fernández, desde que jueces y fiscales empezaran a profundizar en las fórmulas por las que los Kirchner lograron enriquecerse durante sus años en la presidencia. Investigaciones que llevarán al vicepresidente, Amado Boudou, al banquillo.
El principal caso es el que destapó la denuncia de una diputada de la oposición por las irregularidades cometidas en la empresa de la presidenta Hotesur S.?A. El juez Claudio Bonadío, que además de esta causa también investiga a Boudou, comenzó a sufrir el hostigamiento del partido gobernante. Primero la campaña de desprestigio, desde todos los ángulos del kirchnerismo, incluidas las declaraciones del jefe del Gabinete de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, que calificó la investigación de «golpismo activo» del poder judicial.
Finalmente, el senador oficialista Marcelo Fuentes denunció a Bonadío por enriquecimiento ilícito y otras faltas relacionadas con un ejercicio poco diligente de su profesión. El Consejo de la Magistratura sancionó a Bonadío con una reducción salarial del 30 % por demoras en dos causas de su juzgado, en un país donde la saturación de la Justicia es otro más de los problemas endémicos. Al menos no fue suspendido, como pidió el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, que fue el precio que tuvo que pagar el fiscal José María Campagnoli por investigar el enriquecimiento gracias a los contratos de obra pública del amigo y socio de Néstor Kirchner Lázaro Báez. Finalmente, el Gobierno lo restituyó en su empleo.
También prosperó la denuncia de Boudou contra el fiscal general Esteban Righi por tráfico de influencias. La denuncia quedó archivada, pero se llevó por delante la renuncia del fiscal.
Si no quiere sufrir persecución por el Gobierno, la Justicia solo tiene la alternativa por la que optó Norberto Oyarbide. Este juez federal ordenó un registro de 20 financieras que salpicaba a la presidenta, pero una llamada bastó para que suspendiera la operación. El cuestionado Oyarbide acumula 47 denuncias en el Consejo de la Magistratura por archivar las causas de altos funcionarios que suelen caerle en suerte.
La suspensión de la designación de 16 fiscales nuevos hace dos semanas, por la denuncia de un diputado opositor, supuso un varapalo para el Gobierno al que no tardó en responder Capitanich hablando de «trama mafiosa» para frenar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.